Autor: Editor

Esteban Rojas Sáurez, Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo
Asamblea Legislativa

27 de agosto del 2014 – Basados en un informe de la auditoría interna de la Unión Nacional de Gobiernos Locales (UNGL) que señala problemas administrativos de manejo de recursos de la institución, los legisladores del Partido Acción Ciudadana, miembros de la Comisión Permanente Especial de Asuntos Municipales y Desarrollo Local Participativo mostraron su preocupación por el manejo de la entidad. El informe tiene fecha de mayo del presente año.

El diputado Marco Vinicio Redondo Quirós señaló que el informe expone la falta de información en los expedientes lo que ocasiona que no se encuentre información requerida y no se respalde de manera adecuada la actuación de la administración. El legislador se mostró inquieto por la cantidad de recursos que maneja la Unión Nacional de Gobiernos Locales.

Sobre el informe de auditoría, Arturo Rodríguez, vicepresidente de la Unión, fue enfático en que desde el 24 de julio se discutió el tema y el Consejo Directivo acordó “dar por recibido y aprobar el plan de implementación de las recomendaciones de la auditoría interna, con la observación de que las fechas establecidas en el cronograma son improrrogables”.

Por su parte, el diputado Franklin Corella Vargas del PAC cuestionó a los funcionarios por sacar a concurso el puesto de la auditora interna a lo que el vicepresidente de la institución respondió que la auditora se encuentra interina y se abrió un concurso externo para realizar el nombramiento.

Corella Vargas leyó una nota enviada a la Contraloría donde la auditora revela el disgusto por parte del Consejo Director de la Unión Nacional de Gobiernos Locales ante el informe.

Juan Marín Quirós, diputado de Liberación Nacional, dijo que el informe existe y hay que transparentarlo. “Lo que me preocupa viendo esta acta es que de 17 miembros de la Junta Directiva estuvieron 10 ausentes, sólo siete estuvieron presentes”, añadió.

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Juan Pablo Estrada Gómez, Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo
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26 de agosto del 2014 – La Comisión Permanente de Asuntos Jurídicos dio su aval al expediente 18213 levantamiento del velo de la personalidad jurídica, adición del artículo 20 bis al Código de Comercio.

Así podría prescindirse de la personalidad jurídica de las sociedades reguladas en ese Código, cuando éstas sean utilizadas en fraude de ley, como recurso para violar la ley y el orden público o para frustrar derechos de terceros.

En tales casos, las actuaciones y obligaciones de la sociedad se imputarán directamente a sus socios quienes serán solidariamente responsables con ésta en proporción a su participación en el capital social.

La desestimación de la personalidad jurídica solo producirá efectos respecto del caso concreto en que sea declarada y en ningún caso podrá afectar a terceros de buena fe.

Lo dispuesto se aplicará sin perjuicio de las responsabilidades personales civiles y penales de los participantes en los hechos según el grado de intervención y conocimiento de ellos.

No operará el levantamiento del velo para el accionista que demuestre haber gestionado de manera formal en Asamblea de Accionistas o ante los órganos controladores respectivos que se opuso a las actuaciones que generan el levantamiento del velo.

Los representantes legales que no sean accionistas serán responsables solidariamente en el porcentaje que determine un juez según haya sido su responsabilidad hasta por un veinte por ciento de la obligación.

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Juan Pablo Estrada Gómez, Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo
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26 de agosto del 2014 – Con una modificación al artículo 380 del Código Penal y al artículo 48 de la Ley General del VIH/SIDA, se buscará establecer sanciones por cualquier tipo de discriminación.

Con esta nueva ley se establecerían penas de veinte a doscientos días multa a la persona, gerente o director de una institución oficial o privada, administrador de un establecimiento industrial o comercial que aplique cualquier medida discriminatoria por consideraciones raciales, de género, orientación sexual, edad, religión, estado civil, opinión política , origen social o situación económica.

Al reincidente se le podrá imponer como pena accesoria, la suspensión de cargo u oficios públicos por un tiempo no menor de quince ni mayor de noventa días.

El legislador de Accesibilidad Sin Exclusión Oscar López se mostró satisfecho con la redacción final del proyecto de ley y el avance de la iniciativa.

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Armando Alonso González, Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo
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26 de agosto del 2014 – José Oviedo Chaves, Presidente del Consejo Agroalimentario, se pronunció en contra de los productos transgénicos y a favor del expediente 18941 Ley de Moratoria Nacional a la Liberación y Cultivo de Organismos vivos modificados.

Oviedo compareció ante la Comisión Permanente de Asuntos Agropecuarios para que se pronunciara sobre dicha iniciativa y manifestó que las familias campesinas no quieren encadenarse en las siembras transgénicas o no quieren vender sus propiedades.

“Yo no quisiera eso para mi familia, para las familias campesinas y colegas. Otra de las cosas porque nos oponemos a los transgénicos es que yo comparto mucho con los extensionistas agrícolas, les tengo admiración porque esta gente comparte lo que compartimos nosotros, el trabajar sin recursos y eso me ha permitido mucho ver las investigaciones que ellos hacen, hasta el momento nadie nos ha dado seguridad de que nuestras semillas no se van a contaminar”, comentó.

“Vamos a seguir permitiendo que nuestra patria, nuestro suelo, nuestra madre tierra siga siendo un basurero toxico como lo es en estos momentos, el segundo país a nivel per cápita que más agroquímicos consume. Tenemos que ver a la agricultura como algo integral y no como algo aislado, tenemos que desarrollar la agricultura donde prevalezca la defensa de un ambiente sano, la defensa de alimentos sanos, la defensa de la salud, entonces cual es la necesidad de aprobar transgénicos”, recalcó el compareciente.

Finalmente dijo que se oponen a las semillas transgénicas debido a que las siembras transgénicas son para gran escala y los campesinos trabajan pocas cantidades de tierra.

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Esteban Rojas Sáurez, Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo
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26 de agosto del 2014 – No incluir las radiales de acceso y no especificar el objeto de la obra son los principales cambios propuestos por el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) al expediente 18887, Ley de desarrollo de obra pública corredor vial San José San Ramón y las radiales mediante fideicomiso, que se discute en la Comisión Permanente de Asuntos Económicos.

Con respecto a la eliminación del objeto, el ministro de la cartera Carlos Segnini señaló que la recomendación de LANAMME es indicar únicamente que la carretera a construir debe cumplir con un nivel de servicio no inferior a la clasificación C, según el estándar técnico internacional, donde los vehículos podrían viajar a 80 kilómetros por hora en promedio.

En el tema de la eliminación de las radiales, el Viceministro de Infraestructura Mauricio González dijo que el trabajo incluye el cuerpo principal de la carretera sin tomar en cuenta las radiales. Indicó que si se incluyen cosas adicionales en el proyecto, todo el proceso tiene que repetirse y se tiene que justificar el balance financiero.

Segnini fue enfático ante los legisladores que la incorporación de las radiales al proyecto generaría atrasos en las obras y un incremento en los costos.

Dentro de la propuesta presentada por el jerarca del MOPT a los diputados, se incluyó un artículo que plantea la “aplicación de esta Ley a otros proyectos de obra pública que señala que de existir estudios técnicos, legales y financieros de factibilidad semejantes al esquema de fideicomiso regulado en la presente Ley, podrá utilizarse este mismo esquema para otros proyectos de obra pública, sin necesidad de aprobación legislativa”.

Datos del Ministerio de Obras Públicas y Transportes revelan que la vía tendrá un total de 1.690.073 metros cuadrados de construcción que va desde la Agencia Datsun por la Sabana hasta San Ramón.

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Armando Alonso González, Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo
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26 de agosto del 2014 – Rocío Solís, Viceministra Administrativa del Ministerio de Educación Pública (MEP), anunció que el Fondo Nacional de Becas (FONABE) no cuenta actualmente con un registro único de beneficiarios a nivel nacional para enumerar los subsidios que brinda las diversas instituciones del Estado.

La jerarca de esa dependencia compareció en la Comisión Permanente Especial de Juventud, Niñez y Adolescencia junto con Luis Barrantes Director Ejecutivo de Fondo Nacional de Becas, FONABE, para que se refirieran a la situación actual de esa institución que brinda becas a personas de escasos recursos.

“El Registro único de Beneficiarios, el problema que nosotros encontramos aquí es que no existe un registro único a nivel nacional que enumere los subsidios que brinda las diversas instituciones del Estado”, dijo textualmente la Viceministra de Educación.

“Otras instituciones del Estado no reconocen la vulnerabilidad educativa determinada por FONABE y repiten los estudios. Las acciones es utilizar un registro único de beneficiarios, que incluya pobreza, y para el caso de las becas educativas, incluya la vulnerabilidad educativa, que para nosotros es importantísimo, porque no necesariamente tiene que ser en condición de pobreza, sino que tiene que ser otras situaciones que se pueden dar con las personas menores de edad, como es la explotación sexual comercial, el trabajo, la discapacidad, que no necesariamente están enmarcados en el ámbito de pobreza como tal”, explicó.

También indicó que existe una falta de coordinación entre las instituciones estatales y el exceso de tramitología. Entre las acciones que se están ejecutando es lograr una estrecha coordinación entre las dependencias que otorga el beneficio de interés social.

“La cuarta línea son políticas de inversión, hay sectores entre las poblaciones más necesitadas que por su misma condición están excluidos, porque no tienen cuentas bancarias, no tienen conocimientos ni los papeles suficientes, no tienen las cedulas de residencias, entre otras”, comentó.

Por su parte Luis Barrantes, Director Ejecutivo de FONABE, mencionó que este año han sufrido un recorte de presupuesto por parte del Ministerio de Trabajo de alrededor de 7 mil millones de colones lo que significa que no van a poder otorgar 32 mil becas para el próximo ejercicio presupuestario.

“Lo que estamos haciendo es utilizar el superávit que tiene la institución para el pago de becas y para los siguientes años consecutivos se va a seguir utilizando el superávit de la institución para darle continuidad a estos beneficiarios”, puntualizó.

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Esteban Rojas Sáurez, Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo
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21 de agosto del 2014 – Ante los cuestionamientos de los diputados miembros de la Comisión Permanente Especial de Control de Ingreso y Gasto Público, Dennis Meléndez, el Regulador General, defendió el último incremento salarial que favoreció a los funcionarios de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP) y presentó sus argumentos avalando la metodología de fijación de tarifas implementada por la institución.

Meléndez aseguró que la ARESEP se ve en problemas serios para atender todas las tareas que se le han encomendado sobre todo en el tema de control de calidad y de esta manera justificó el incremento en la cantidad de personal. Señaló que la institución tiene una importante “presa” de quejas por resolver.

El Regulador dijo ante los legisladores que “todos aquellos que critican el que ARESEP haya aumentado su planilla en los últimos cuatro años, desconocen que todo eso es necesario para mejorar el cumplimiento cabal de sus funciones. Las críticas de que se está gastando mucho, dejan de lado los múltiples programas de supervisión de la calidad y los controles que estamos ejerciendo sobre los operadores”.

Los diputados criticaron el ajuste salarial en el cual el monto pagado al máximo jerarca se incrementó en un 16 por ciento. Meléndez aseguró en varias ocasiones a lo largo de su comparecencia que no participó en el proceso de ajuste salarial.

La entidad cuenta con dos regímenes de salarios, uno por componentes para los funcionarios que estaban en la institución antes del 2009 y un salario global con una metodología establecida que se emplea en la Contraloría General de la República.

“El régimen de salario por componentes genera distorsiones muy complicadas en las escalas salariales, hay funcionarios cuyos salarios aumentan indefinidamente simplemente por estar sentados”, comentó Meléndez.

Además, argumentó que en el 2008 se aprobó la Ley de ARESEP donde se introduce un sistema salarial que no era el tradicional del Servicio Civil.

“Hay que tener en cuenta una cosa, precisamente por el temor de aumentar el salario del Regulador del 2008 al 2014, lo que se hacía era que se le reconocía el aumento por inflación y resulta que la ley establece otra cosa. Los tribunales ante una demanda que interpusieron los empleados del régimen de salario por componentes, dijeron que eso que estaba haciendo la Autoridad Reguladora de fijar algunos salarios con base en el índice de precios era ilegal”, argumentó el Regulador.

Meléndez desmintió que la entidad tuviera gastos excesivos y que estos se trasladen mediante los cánones a los usuarios en los costos de los servicios regulados.

Datos de la Autoridad Reguladora revelan que durante el 2013 le economizó a los usuarios de los servicios de electricidad, agua y combustibles un total de 225 mil millones de colones, en contraste con los 14 mil millones que representa la institución.

La ARESEP regula más de 35 servicios públicos en cuatro sectores estratégicos de la economía que aportan cerca del diez por ciento del Producto Interno Bruto.

Los legisladores de la Comisión Permanente Especial de Control de Ingresa y Gasto Público acordaron llamar de nuevo en audiencia al Regulador y a los miembros de la Junta Directiva de la ARESEP debido a que quedaron dudas en el tema salarial y tarifario. Además, no se pudieron realizar las consultas sobre el alquiler de edificios.

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