Editor – Página 154

Piden priorizar prevención de cáncer de seno

Grettel Umaña Vargas, Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo
Asamblea Legislativa

8 de octubre del 2013

Invertir en un plan agresivo para la prevención y la detección temprana del cáncer de seno es lo que deben hacer las instituciones públicas dedicadas a la salud. Así lo señalaron representantes del Sindicato de Profesionales en Ciencias Médicas (SIPROCIMECA) ante la Comisión Permanente Especial de la Mujer.

Dicha Comisión legislativa investiga las acciones que en esa dirección ha hecho la Caja Costarricense del Seguro Social.

Para el Secretario General del Sindicato, Dr. Amaral Sequeira, el país no ha hecho lo suficiente para ampliar las investigaciones en torno a la prevención del cáncer de mama.

Sequeira dijo que la gran campaña tendrá que ser la que emprenda la Caja Costarricense del Seguro Social y el Ministerio de Salud para proyectar hacia la búsqueda de marcadores tempranos del cáncer en donde se encuentren.

El representante sindical dijo que en el Hospital de Niños y en otras instituciones ya se está trabajando en un Laboratorio de Genética, que puede ser el inicio de lo que cree será “la solución del gran problema del cáncer no solo de mama si no de múltiples localizaciones”

El profesional señaló que hay que aprovechar el personal calificado con que cuenta el país para apoyarlos y darles mayores y mejores instrumentos para la investigación.

Sequeira urgió al estado costarricense a meterse de lleno en este problema e invertir una mayor cantidad de recursos económicos. “Debemos pasar nuestras prioridades como país de curación del cáncer a la prevención de la enfermedad. La añeja historia de prepararnos para curar, tiene que cambiar hacia el concepto moderno de la detección temprana “muy temprana” y combatir los fenómenos que sean capaces de hacer aparecer la patología y con el tiempo “determinar si somos propensos”.

Inician proceso para elegir Defensor de los Habitantes

Vera V. Solano Salazar, Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo
Asamblea Legislativa

7 de octubre del 2013

La Comisión Permanente Especial de Nombramientos inicio el proceso para elegir al Defensor o Defensora de los Habitantes, con la aprobación de la metodología que aplicarán para elegir a quien sustituya a Ofelia Tailtelbaum.

A mediados de diciembre se le vence al plazo de los cuatro años a Taitelbaum, por lo que la Asamblea Legislativa debe reelegirla o nombrar a otra persona para el cargo.

El proceso de elección se inicia con la publicación en distintos medios de comunicación de la metodología para que quienes deseen postularse al puesto puedan conocer los detalles del mismo y los requisitos que deben cumplir para aspirar al cargo.

Vencido el plazo de recepción de documentos, la comisión recibirá en audiencia a los postulantes para conocer sus planteamientos para estar al mando de la institución por un periodo de cuatro años.

La presidenta de la Comisión Carolina Delgado Ramírez hizo un llamado a quienes tengan intereses en participar en el proceso para que presenten la documentación.

Una vez concluidas las audiencias, la Comisión presentará al Plenario Legislativo una recomendación con la lista de diez nombres, la cual deberá respetar la normativa vigente en materia de paridad de género.

Nombran por otro período a magistrada Zarela Villanueva

Vera V. Solano Salazar, Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo
Asamblea Legislativa

7 de octubre del 2013

Tras un acuerdo de los jefes de fracción para realizar un debate reglado, el Plenario Legislativo reeligió con 44 votos a la magistrada Zarela Villanueva Monge en la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia por un periodo más.

Según el acuerdo la discusión de la reelección abarcó una hora de la sesión del jueves de la semana pasada y concluyó hoy con la votación de la solicitud de la magistrada de continuar en su puesto por un periodo de 8 años.

Diputados de todas las fracciones resaltaron las virtudes y cualidades de la magistrada, especialmente en su desempeño como presidenta de la Corte Suprema de Justicia

El diputado Gustavo Arias Navarro de Acción Ciudadana dijo que espera un mandato más de la magistrada apegado a la ética y con fundamento en la mayor rigurosidad.

La magistrada Villanueva Monge será juramentada en la sesión de este martes a partir de las 3 de la tarde.

Villanueva Monge tiene una maestría en Violencia Social y Familiar, especialista en Derecho Agrario y Licenciada en Derecho de la Universidad de Costa Rica.

Ocupó el cargo de Vicepresidenta de la Corte Suprema de Justicia desde enero del 2010 y ha sido Magistrada de la Sala Segunda desde 1989.

Tiene 36 años de carrera judicial y se inició como Alcaldesa Civil y de Trabajo de Turrialba, se desempeñó también como Agente Fiscal, Jueza Civil y de Trabajo, y Jueza Superior Penal y Laboral.

Además el Plenario Legislativo inició el trámite del informe de liquidación del presupuesto ordinario del año pasado, ante la aprobación de una moción la semana pasada.

El acuerdo de las fracciones establece que durante esta semana la segunda parte de las sesiones se destinará a la discusión del informe remitido por la Comisión Especial de Control de Ingreso y Gasto Público.

Caja se opone a que se le rebajen recursos

Federico Villegas Cordero, Departamento de Relaciones Publicas Prensa y Protocolo
Asamblea Legislativa

7 de octubre del 2013

La Presidenta Ejecutiva de la Caja Costarricense del Seguro Social, Ileana Balmaceda, dio a conocer la oposición de la junta directiva de esta institución hacia el expediente 17484, Ley Orgánica del Ministerio del Deporte y la Recreación.

Este proyecto pretende una redistribuir los fondos captados a través de la Ley General del Control del Tabaco y sus Efectos Nocivos en la Salud y rebajaría un 10% del 60% que se le destina a la Caja, con el fin de otorgarle financiamiento al MIDEPOR.

Balmaceda comentó “nosotros apoyamos 100% el deporte y divulgamos el impacto que tiene esta actividad en la salud, pero también trabajamos con base a la planificación y en este sentido ya tenemos una serie de programas y actividades programadas para el combate del tabaquismo que comprometen estos recursos.

Nosotros no estamos de acuerdo con el proyecto y nos oponemos a que se nos rebaje el 60% que por ley nos corresponde”.

El proyecto no parece contar con buen ambiente dentro de la Comisión Permanente Especial de Juventud, Niñez y Adolescencia, donde se tramita.

ICD y Fundación Marviva piden establecer límites marítimos

María Fernanda Pérez Chavarría, Departamento de Relaciones Publicas Prensa y Protocolo
Asamblea Legislativa

3 de octubre del 2013

Viviana Gutierrez representante de la Fundación Marviva y Carlos Alvarado Director del Instituto Costarricense sobre Drogas ICD, pidieron en la Comisión Permanente Especial de Ambiente la aprobación del expediente 17951, para establecer límites marítimos.

Gutierrez recordó que Costa Rica por muchos años reguló sus límites marítimos, mediante un decreto ejecutivo, que delimitaba la anchura de las aguas territoriales del Océano Pacifico de manera que formalizó relaciones exteriores, para que las autoridades se enteraran a partir de donde se medían las 12 millas de mar territorial y las 188 millas de zonas económicas exclusivas.

En los años siguientes surgieron cuestionamientos a nivel de instituciones por la validez del decreto, por parte de la Sala Constitucional y la Procuraduría General de la Republica, en torno a las opiniones jurídicas y pronunciamientos del tema como reserva de ley que compete a la Asamblea Legislativa a finalizar los límites marítimos.

Además realizo una observación al criterio técnico que se utilizo en el decreto, donde se interpretaba que había irregularidades de la costa pacífica, que eran profundas y que por ende permitían hacer un trazado de líneas de base recta.

Según Gutiérrez esas líneas no deben establecerse mediante un decreto si no por medio de una ley, por esa razón un grupo interinstitucional se dio la tarea de elaborar un proyecto de ley, que durante el 2008 y el 2010, donde participaron varias instituciones, logrando el proyecto que actualmente se estudia.

Desarrollando en el proyecto la delimitación de líneas, por que el Instituto Geográfico Nacional hizo ver algunas imprecisiones por coordinadas de algunos puntos, llegando a una propuesta de una descripción de criterios y principios que establece la Convención de Naciones Unidas de derecho del mar.

Por otra parte Carlos Alvarado Director del Instituto Costarricense sobre Drogas, ICD, menciono que el Instituto está muy interesado en el desarrollo del proyecto, ya que establece los espacios donde se va ejercer el dominio del estado en temas de narcotráfico marítimo.

Finalizo refiriéndose al tema de Isla Portillos, mencionando que si Costa Rica pierde parte del territorio en disputa, se vería desplazada la distancia del mar hacia el sur y agrego que provocaría efectos en la flora y fauna marina del Caribe.

Vendedores de lotería se quejan de la administración actual de la Junta

Rosibel Barrantes Barrantes, Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo
Asamblea Legislativa

3 de octubre del 2013

Representantes de los vendedores de lotería de la Junta de Protección Social agrupados en cooperativas y un sindicato expusieron una a una las quejas que tienen con respecto a la administración actual de dicha institución y de las decisiones tomadas en los últimos años.

A la cita acudieron Randal Rojas del Sindicato de Lotería, Ricardo Murillo de Coopecivel y Melvin Montero de Coopelot.

Rojas dijo que aun no entienden como la Junta decidió entregar a una empresa privada la venta de la lotería electrónica, si con los vendedores había ganancias.

Más bien explicó que lo que han provocado es que los vendedores deserten del negocio y se empobrezcan.

De hecho agregó que unos 13 vendedores de lotería ya se salieron de las cooperativas para buscar otra forma de ingreso y eso afecta el capital social de las agrupaciones.

Además, califican de malas decisiones las directrices tomadas por la Junta lo que ha provocado la rebaja en las ventas y la desmotivación de los clientes para comprar la lotería, los chances y demás juegos.

Otro de los puntos más sensibles mencionados por los vendedores de lotería es el hecho que las personas con discapacidad se quedaran por fuera de la venta de lotería electrónica.

Uno de ellos contó que pese a ver invertido en la habilitación de puestos para la venta de billetes, no se facilitó el sistema de cómputo a la medida para vender la lotería electrónica y quedaron por fuera.

Eso ha hecho que muchos de ellos a penas sobrevivan con la poca venta de otros juegos.

El diputado Wálter Céspedes, quien propuso la investigación indicó que la Junta ha tenido entre 30.000 y 40.000 millones de colones de pérdidas al año, pero las autoridades de la institución en las diferentes audiencias que tuvieron negaron tal dato.

Además, la justificación que da la Junta para crear la lotería electrónica es con el fin de evitar la venta ilegal de tiempos. Pero para los vendedores el objetico es acabar con ellos.

Según los vendedores de lotería la privatización de la venta, la improvisación de los sorteos y el aumento del precio están acabando con la institución.

Declaran embarcación Fella como patrimonio cultural

Juan Pablo Estrada Gómez, Departamento de Relaciones Publicas Prensa y Protocolo
Asamblea Legislativa

2 de octubre del 2013

La Comisión con Potestad Legislativa Plena Segunda aprobó en primer debate y con el apoyo de 16 diputados declarar la embarcación Fella como patrimonio histórico cultural.

Con esta iniciativa se busca resguardar las especies y la belleza escénica de arrecifes que se encuentran hace 71 años en esta embarcación frente a la costa de Puntarenas.

El diputado proponente y jefe de fracción de la Unidad social cristiana Rodolfo Sotomayor Aguilar se mostró satisfecho de lograr aprobar esta iniciativa de ley.

Este mismo mini plenario aprobó también en primer debate la autorización a la municipalidad de Flores para donar un vehículo a la Asociación de cuidados paliativos de Belén, Santa Bárbara y Flores.

Aprueban medidas para fortalecer combate a pornografía infantil

Vera V. Solano Salazar, Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo
Asamblea Legislativa

2 de octubre del 2013

Mejorar las sanciones para quienes se dedican a la pornografía infantil así como poner restricciones al ingreso de los extranjeros condenados por este delito son parte de las nuevas medidas que el país tendrá para combatir ese mal.

Las nuevas disposiciones están contempladas en el expediente 18139 que reforma varios artículos del Código Penal, aprobado en primer debate en la Comisión con Potestad Legislativa Plena Primera.

Se fortalece la legislación llenando los vacíos legales existentes y responder de forma eficaz el surgimiento de estas formas de vulneración de los derechos de las personas menores de edad.

Para ello se amplía el concepto de pornografía infantil explicó el legislador José María Villalta Florez-Estrada para incluir la pornografía virtual y la pseudo pornografía así como la promoción de la explotación sexual de los infantes.

Para combatir este tipo de actividades se eleva la pena de cinco a diez años a quien comercie, difunda, distribuya o exhiba material pornográfico a personas menores de edad o incapaces.

Villalta resaltó que una de las novedades que introduce el nuevo texto es la prohibición de permisos de ingreso al país a extranjeros condenados por delitos sexuales contra personas menores de edad o con procesos pendientes.

Los legisladores también aprobaron en primer debate el expediente 18049 Ley de creación de las comisiones institucionales en materia de accesibilidad y discapacidad, con lo cual se le da rango de ley a estas instancias.

Pastoral Familiar se opone a uniones de hecho para homosexuales

Rosibel Barrantes Barrantes, Departamento de Relaciones Públicas Prensa y Protocolo
Asamblea Legislativa

2 de octubre del 2013

El presbítero Ronny Solano, Secretario Ejecutivo de la Comisión Nacional Pastoral Familiar mostró su oposición al expediente 17884 Ley de regulación de las uniones de hecho entre personas del mismo sexo.

Esto lo hizo en una audiencia en la Comisión Permanente Especial de Derechos Humanos donde se estudia el tema.

La posición de la Pastoral Familiar se basó en la ley natural de la constitución del matrimonio entre un hombre y una mujer y la posibilidad de concebir hijos.

Además, explico Solano que no se puede permitir el quebranto de la Constitución aprobando el matrimonio entre homosexuales, ni tampoco exponer a los menores de edad a que convivan con personas del mismo sexo.

El representante de la Iglesia indico que la familia es un elemento natural de la sociedad que está protegida por el Estado y que el mismo Estado debe preservarla como tal.

En la exposición de motivos de la iniciativa se destaca que “la unión de hecho que este proyecto pretende regular, a diferencia del matrimonio legalmente constituido, únicamente surte los efectos patrimoniales de este último cuando finalice la unión, por cualquier causa, pero ello solo después que hayan transcurrido más de tres años de unión y que el juez la haya reconocido como tal -artículo 242 del Código de Familia-. Es decir, que la unión de hecho debe reconocerse judicialmente para que surta efectos patrimoniales. La legitimación activa para esos efectos la tendrá cualesquiera de los convivientes o sus herederos -artículo 243 del Código de Familia-.

El trámite se seguirá efectuando como un proceso abreviado -artículo 420 Código Procesal Civil-, y deberá realizarse antes que transcurran dos años contados desde la ruptura de la convivencia o de la muerte de cualquiera de los convivientes, so pena de prescripción, tal y como ya está establecido”.

Instan a diputados a aprobar reformas a ley contra corrupción

Grettel Umaña Vargas, Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo
Asamblea Legislativa

1 de octubre del 2013

El Viceministro de Gobernación, el Fiscal General Adjunto, la Procuradora y la Contralora General de la República, urgieron a los diputados a aprobar el expediente 18348 Reforma parcial y adición a la Ley contra la corrupción y enriquecimiento ilícito en la función pública puesto que mejora herramientas para la prevención y detección de actos de corrupción.

Los funcionarios comparecieron ante la Comisión Permanente de Asuntos Jurídicos donde estudian el proyecto de ley.

Tras la entrada en vigencia de la ley contra la corrupción hace nueve años, una comisión interinstitucional conformada por la Contraloría General de la República, el Instituto Costarricense sobre Drogas, el Ministerio Público y la Procuraduría General de la República, realizó una evaluación de la normativa vigente, y con base en ese insumo, elaboró el actual proyecto de ley.

Concluyeron en la necesidad de adecuar la norma a los compromisos asumidos por el país en instrumentos internacionales, pero además, manifestaron que la experiencia de las diferentes instituciones que intervienen en la prevención, detección y sanción de actos de corrupción, reveló la existencia de ciertas áreas merecedoras de enmienda.

Ana Lorena Brenes Esquivel, Procuradora General de la República, explicó que los ejes de la reforma son el régimen sancionatorio, la denuncia ciudadana, el derecho a la información pública, las incompatibilidades y el deber de abstención.

Enfatizó la importancia de lo que tiene que ver con la protección del denunciante.

Martha Acosta Zúñiga, Contralora General de la República, resaltó los cambios propuestos en materia de declaraciones juradas.

El Fiscal General Adjunto, Carlos María Jiménez alabó la relación del delito cometido con la sanción propuesta

El proyecto de reforma parcial a la ley contra la corrupción y el enriquecimiento ilícito, pretende ayudar a prevenir, detectar y sancionar la corrupción en el ejercicio de la función pública”.

Celso Gamboa, Viceministro de Gobernación resaltó la importancia del principio de territorialidad para evitar impunidad porque actualmente los casos de corrupción solo se ven en el Segundo Circuito Judicial y con la reforma se permitiría atender los casos en otras zonas del país.

Las modificaciones propuestas responden al cúmulo de jurisprudencia administrativa y constitucional que se ha generado a lo largo de estos nueve años de vigencia de la ley, aunado a la experiencia de cada una de las instituciones participantes.