Propiedad Intelectual en Costa Rica
Pablo Quirós, Emiliano Gamboa, Area Audiovisual. Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo.
Asamblea Legislativa.
12 de noviembre del 2015 – El Presidente de la Asamblea Legislativa, Rafael Ortíz emitió una resolución en la que limita la discusión de los permisos de aeronaves a aquellas que incluyan equipamiento de guerra.
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Esteban Rojas Sáurez, Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo.
Asamblea Legislativa.
12 de noviembre del 2015 – Los legisladores continúan con el análisis del presupuesto nacional para el próximo año.
Un grupo de legisladores ha reiterado en varias oportunidades, sin lograr su aprobación, una moción para abrir el Plenario en comisión general y analizar una serie de mociones que fueron rechazadas en la Comisión Permanente de Asuntos Hacendarios.
El proyecto de presupuesto del 2016 enviado por el Ministerio de Hacienda es por ocho billones de colones, con un crecimiento de un 0,54 por ciento con respecto al de este 2015.
De los fondos propuestos por el Ejecutivo, 4,3 billones se financian con recursos provenientes de impuestos y 3,7 billones con colocación de títulos valores.
La iniciativa dictaminada en la Comisión de Hacendarios presenta una rebaja de unos 11 mil millones de colones, de los cuales 10 mil millones provienen de recortes al Ministerio de Obras Públicas y Transportes.
Rosibel Ramos, diputada del Partido Unidad Social Cristiana, explicó que con las rebajas planteadas se le está haciendo un favor al gobierno y criticó el gasto de recursos para que las instituciones publiquen sus obras.
Por su parte, su compañero de fracción, Jorge Rodríguez Araya dijo que el pueblo está ávido de obras.
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Juan Pablo Estrada Gómez, Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo.
Asamblea Legislativa.
12 de noviembre del 2015 – El Viceministro de la Presidencia, Luis Paulino Mora Lizano, el Ministro de Trabajo, Víctor Morales Mora, junto al Regulador General, Dennis Meléndez asistieron a la Comisión Permanente Especial de Control de Ingreso y Gasto Público para explicar los alcances del acuerdo firmado con el bloque sindical Patria Justa.
Mora Lizano fue claro al señalar que durante la negociación se cumplió lo establecido por el Presidente en relación con trabajar con firmeza y sin concesiones buscando afectar lo menos posible el clima de negocios.
“Nunca nadie me dijo que tenía que incluir temas en la negociación, ni que había una negociación previa”, acotó el Viceministro de la Presidencia.
El jerarca reafirmó que el gobierno no apoya el proyecto de salario único vital que se discute en la Comisión Permanente de Asuntos Económicos, ya que el mismo no tiene viabilidad política.
Con relación al Convenio con la Organización Internacional del Trabajo, OIT, se acordó revisar por parte de la Cancillería si es conveniente enviarlo a discusión legislativa y sobre la mesa de diálogo con la Caja Costarricense del Seguro Social ya la misma Junta Directiva en uso de su autonomía no acepto la solicitud del gobierno.
Sobre la pretensión del bloque sindical de revisar el pronunciamiento del Ministerio de Trabajo sobre las convenciones colectivas ya tomó la decisión de mantener, por parte de esa cartera el criterio, así lo señaló el Ministro de Trabajo durante su exposición,
El funcionario indicó que la Dirección Jurídica del Ministerio se apoya en las resoluciones de la Sala Segunda del 2008 y del 2010 que establecen que los beneficios de las convenciones colectivas que están vencidas no se pueden mantener como parte del contrato individual mientras se renegocian.
Los legisladores Rolando Gonzalez Ulloa y Mario Redondo Poveda cuestionaron la falta de presencia el Ministro de Trabajo durante la negociación con el bloque de Patria Justa y que el gobierno no tuviera claro el objetivo de la huelga.
A lo que el Ministro señaló que no tenía problema siempre y cuando se le consultaran los puntos de su cartera lo cual si se dio.
El Ministro Morales señaló que no había nada anormal y pidió a los legisladores de la Comisión no ver nada conflictivo en este aspecto ya que siempre estuvo al tanto del avance de la negociación por parte del Viceministro Mora Lizano.
El presidente del foro legislativo Mario Redondo Poveda aprovecho la presencia del Ministro en la comisión para solicitarle que denuncie las cláusulas abusivas de las convenciones colectivas antes de esperar que se venzan.
El legislador de Liberación Nacional Antonio Álvarez Desanti celebró la resolución tomada por Ministerio de Trabajo sobre las convenciones colectivas.
Y el diputado oficialista Víctor Hugo Morales Zapata calificó como un éxito rotundo la negociación ya que el gobierno ha parado los abusos que se venían repitiendo y dando paz social.
Sobre el tema de la carta enviada por el Ministro de la Presidencia a la Autoridad Reguladora para revisar su resolución que no permite reconocer como gastos los recursos del área de refinería y de los 373 funcionario de esta área el Regulador General Dennis Meléndez señaló a los legisladores que ellos solamente cumplen con los potestades regulatorias y las obligaciones de la Ley.
Para el funcionario es responsabilidad de ARESEP no incluir los gastos en la tarifa sin poder respaldar decisiones con información clara.
Agregó que la institución no aceptó incluir en tarifas por beneficio de la convención colectiva que no guardan relación con la prestación del servicio público ya que pesa más el interés colectivo que el particular.
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Esteban Rojas Sáurez, Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo.
Asamblea Legislativa.
12 de noviembre del 2015 – Con el dictamen afirmativo del expediente N.º 19626, aprobación del protocolo relativo al convenio sobre trabajo forzoso, en la Comisión Permanente Especial de Relaciones Internacionales y Comercio Exterior el país contará con mayores herramientas para luchar contra este tipo de explotación.
El legislador del Frente Amplio, Edgardo Araya Sibaja señaló que las personas que están sometidas a trabajos forzosos no reciben un salario digno y “se obliga a la persona a trabajar por mucho menos de lo que ganaría, por lo que corresponde a un salario mínimo es trabajo forzado”.
Datos expuestos por el diputado revelan que el 55 por ciento de las víctimas de este tipo de explotación son mujeres y un 26 por ciento son menores, mientras que los beneficios económicos y las ganancias ilícitas que genera este tipo de trabajos llegan a los 150 mil millones de dólares.
En términos generales, el cometido del protocolo en cuestión es revisar parcialmente y complementar el Convenio número 29 a fin de adaptar sus disposiciones a la evolución de las circunstancias actuales del trabajo forzoso y mejorar su pertinencia, eficacia y eficiencia.
La OIT señala que del total de personas en trabajo forzoso en el mundo, 20.9 millones de personas, el 90 por ciento son explotados por particulares o empresas privadas. Mientras tanto, el 10 por ciento restantes son víctimas de trabajo forzoso impuesto por el Estado o por grupos militares rebeldes. Entre los explotados por particulares o empresas privadas, 4,5 millones son víctimas de explotación sexual forzada y 14,2 millones de explotación laboral forzada.
El convenio establece “dar cumplimiento a sus obligaciones en virtud del Convenio de suprimir el trabajo forzoso u obligatorio, todo Miembro deberá adoptar medidas eficaces para prevenir y eliminar su utilización, proporcionar a las víctimas protección y acceso a acciones jurídicas y de reparación apropiadas y eficaces, tales como una indemnización, y sancionar a los autores del trabajo forzoso u obligatorio.
Todo Miembro deberá formular, en consulta con las organizaciones de empleadores y de trabajadores, una política y un plan de acción nacionales a fin de lograr la supresión efectiva y sostenida del trabajo forzoso u obligatorio que prevea la adopción de medidas sistemáticas por parte de las autoridades competentes y, si procede, en coordinación con las organizaciones de empleadores y de trabajadores, así como con otros grupos interesados”.
Además, se fortalecen los servicios de inspección del trabajo y otros servicios responsables de la aplicación de esta legislación.
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Area Audiovisual. Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo.
Asamblea Legislativa.
11 de noviembre del 2015 – El Plenario Legislativo aprobó una moción de interpelación para que los ministros de Justicia, Cecilia Sánchez Romero y de Seguridad, Gustavo Mata Vega, expliquen el tema de la salida de reos debido al hacinamiento en centros penitenciarios.
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Pablo Quirós, Mauricio Rojas, Area Audiovisual. Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo.
Asamblea Legislativa.
11 de noviembre del 2015 – Luis Felipe Araúz, Ministro de Agricultura solicitó a la Comisión de Agropecuarios la aprobación del expediente 19303 en el que se busca el fortalecimiento del Consejo Nacional de Producción.
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Esteban Rojas Sáurez, Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo.
Asamblea Legislativa.
11 de noviembre del 2015 – La Directora de Migración y Extranjería, Kattia Rodríguez, aseguró que Costa Rica requiere una reforma integral a la Ley de Migración y ve como un avance la discusión en la Comisión Permanente Especial de Derechos Humanos del expediente 18922, reforma de los artículos 33 inciso 3); 35; 72; 89; 96; 125; 177; 252; 253; 254 y 255 y adición de los artículos 33 inciso 3); 35; 72; 89; 96; 125; 177; 252; 253; 254 y 255 y adición de los artículos 33 bis; 33 ter; 94 bis, 94 ter, 99 bis y 99 ter y de un transitorio a la Ley General de Migración y Extranjería Nº 8764 de 19 de agosto de 2009.
A criterio de Rodríguez, la Ley actual tiene principios fundamentales importantes pero algunos son difíciles de implementar y la reforma ayudaría a hacer más ágil su aplicación.
Sin embargo, la reforma está redactada desde el punto de vista del migrante y es rígida. Además, amplía el perfil migratorio del país y no establece límites, lo que puede generar problemas.
Rodríguez explicó que los costos serían para la misma gestión migratoria, los recursos serían destinados a temas específicos y no podrían usarse para la creación de plazas y serían generados por migración.
“Tenemos solo 400 policías migratorios en trece puestos fronterizos y no se cuenta con suficiente personal”, dijo.
El proyecto establece que el artículo 33 de la ley debe reformarse para escalonar la sanción administrativa por la estancia irregular en el país y no es comparable la situación de una persona que acaba de iniciar su estancia irregular a otra que lleva años en el país, motivación suficiente para crear una sanción proporcional a la conducta.
La adición de un artículo 33 bis y 99 ter buscan organizar el régimen de exenciones contemplado en la ley que actualmente se encuentra disperso y es contradictorio.
A criterio de la Directora de Migración todos los temas relacionados con cambios de categorías de migrantes no deberían estar en varios artículos.
2015 Derechos Reservados Asamblea Legislativa.
Orietta Vargas Cavallini, Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo.
Asamblea Legislativa.
10 de noviembre del 2015 – Los diputados aprobaron varias solicitudes de permisos para el sobrevuelo y aterrizaje de aeronaves no artilladas presentadas por los gobiernos de Perú, Estados Unidos, Canadá y Argentina, Colombia y México.
El Gobierno de Perú, solicita permiso de sobrevuelo, aterrizaje y exoneración en territorio nacional para siete aeronaves no artilladas que llevarán a cabo vuelos de traslado. Las aeronaves son tipo CESSNA 172S SKYHAWK SP, registro FAP N° 453, 459, 467, 468, 477, 478 y 479 y el motivo del permiso es el traslado de las aeronaves desde el Aeropuerto de Independence Kansas, Estados Unidos hacia el Aeródromo Militar de las Palmas Lima, Perú, a partir del 14 de noviembre al 18 de diciembre del 2015.
El Gobierno de Estados Unidos de América solicita permiso de sobrevuelo, aterrizaje y exoneración en territorio nacional para una aeronave de carga no artillada. La aeronave es tipo C-17, registro 08-8204 y el motivo del permiso es prestar apoyo a la Embajada de los Estados Unidos de América en Costa Rica del 13 al 15 de noviembre del 2015.
El Gobierno de Estados Unidos de América también solicita permiso de sobrevuelo, aterrizaje y exoneración en territorio nacional para una aeronave no artillada. La aeronave es tipo C-130, matricula C2002 y aeronaves alternas matriculas C2001, C2003, C2004, C2005, C2006 y el motivo del permiso es el acuerdo entre Costa Rica y EE.UU para la Cooperación para suprimir el tráfico ilícito (Ley N° 7929). El permiso estará vigente del 12 al 24 de noviembre del 2015.
El Gobierno de Canadá solicita permiso de sobrevuelos y/o aterrizajes y eventuales exoneraciones en territorio nacional para varias aeronaves no artilladas. La aeronave es tipo CP-140 AURORA, Registro 140105, Registros Alternos 140114, 140104 y el motivo del permiso son vuelos en apoyo a la Fuerza de Tarea Conjunta Interagencial Sur (JIATF-South), en apoyo a la lucha contra el tráfico ilícito y el crimen organizado transnacional en la cuenca del Caribe y el Océano Pacífico Oriental del 23 de noviembre al 9 de diciembre del 2015.
Argentina solicita permiso de sobrevuelo y/o aterrizaje y eventual exoneración en territorio nacional para una aeronave no artillada. La aeronave es tipo LEARJET 60, matrícula T-10 y el motivo del permiso serán vuelos de traslado del avión a Estados Unidos para la inspección de la Empresa Bombardier, Tucson, Arizona, del 22 al 27 de noviembre del 2015.
Colombia solicita permiso de sobrevuelos y/o aterrizaje y eventual exoneración en territorio nacional para aeronaves no artilladas. La aeronave es tipo B-737-BBJ, matrícula FAC-0001, aeronaves alternas tipo B-737, matrículas FAC-1209-FAC-1208, aeronaves tipo FOKKER-28, matrículas FAC-0002, FAC-1041, aeronave tipo B-767, matrícula FAC-1202, aeronave tipo E-135, matrícula FAC-1215 y el motivo del permiso serán vuelos de traslado del señor Presidente de la República de Colombia, doctor Juan Manuel Santos Caderón del 18 de noviembre al 25 de noviembre del 2015.
México solicitó permiso para un Airbus Military CASA C-295, matrícula ANX-1255 y el motivo será el traslado de la aeronave (demostración) del Aeropuerto de la Ciudad de México D.F., Panamá, Brasil, Bolivia, Argentina y retorno al Aeropuerto de la Ciudad de México, D.F. del 12 al 18 de noviembre de 2015 y del 7 al 13 de diciembre de 2015.
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Vera V. Solano Salazar, Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo.
Asamblea Legislativa.
10 de noviembre del 2015 – Más de tres mil quinientos millones de colones destinados a realizar los estudios de factibilidad del tren eléctrico interurbano para la Gran Área Metropolitana, GAM, fueron incluidos en el presupuesto extraordinario que se tramita en la Comisión Permanente de Asuntos Hacendarios.
Guillermo Santana Presidente Ejecutivo de INCOFER explicó que el proyecto consiste en brindar a los habitantes de la GAM un sistema de transporte público ferroviario integrado a los diferentes modos de transporte existentes, con un eje principal de dirección Este a Oeste, entre Cartago-Paraíso y Alajuela-Aeropuerto, a través de San José y Heredia, permitiendo con ello la movilidad entre los distintos puntos.
Según detalló, el análisis incluye estudios de factibilidad técnica, socioeconómica, legal y financiera del proyecto que permitirá a los pasajeros una movilidad segura, rápida, eficiente y limpia.
De ejecutarse el proyecto, una primera etapa abarcará la reconstrucción, rehabilitación y modernización del tramo comprendido entre Curridabat y Alajuela con un costo aproximado de 120 millones de dólares.
En el presupuesto extraordinario además se incluyen más de 500 millones de colones para el mantenimiento de las vías férreas que para el jerarca del INCOFER, la inversión es necesaria para asegurar la prestación del servicio actual.
La comisión también recibió a Mario Zárate, director del Consejo de Transporte Público CTP quien se refirió a los 500 millones de colones que se contemplan en el presupuesto extraordinario para la implementación del proyecto evaluación y calificación de la calidad del servicio público de transporte remunerado de personas.
Para ello se va a realizar inspecciones de las rutas y de los buses en una muestra de 27.350 encuestas por cada una de las 550 rutas.
El presupuesto además contiene 200 millones de colones para continuar con la II etapa del proyecto de expediente electrónico, el cual consiste en la digitalización de los documentos de varios departamentos que conforman el Consejo.
2015 Derechos Reservados Asamblea Legislativa.
Esteban Rojas Sáurez, Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo.
Asamblea Legislativa.
10 de noviembre del 2015 – Los trabajadores de las plantaciones bananeras que se vieron afectados por el uso de nematicidas tóxicos, serían indemnizados si comprueban haber sufrido exposición al producto “1.2 dibromo, 3 cloropropano”, conocido como DBCP, como consecuencia de haber sido utilizado en el país.
El proyecto de ley corresponde al expediente 18802, reforma de los artículos 1, 2, 10, 11, 14 y 16 y adición de un capítulo IV a la Ley de determinación de beneficios sociales y económicos para la población afectada por el “DBCP”, Ley N.º 8130, y sus reformas.
Así, los diputados de la Comisión Permanente de Asuntos Sociales, recibieron en audiencia al doctor, William Campos Montero, del Hospital Escalante Pradilla de Pérez Zeledón, quien expresó su preocupación debido a que en la mayoría de los textos, solo se refieren a la infertilidad en varones y no en los daños que produjo el químico en los testículos en su totalidad.
“Es un daño generalizado y no solo en la producción de esperma”, dijo Campos Montero.
El Nemagón es un pesticida que se aplicó en las bananeras que operaban en Costa Rica para acabar con la plaga de nemátodos que afectaba al cultivo del banano y se demostró científicamente que el químico causaba efectos degenerativos en el ser humano y enfermedades crónicas.
Las personas afectadas sufrieron una serie de daños y padecimientos en su vida y su salud, tales como daño degenerativo testicular, disfunción reproductiva, trastornos en el comportamiento sexual, repercusiones psicológicas, sociales y otras patologías.
También hay estudios que vinculan la exposición a este químico tóxico con una mayor incidencia de cáncer.
La Ley Nº 8130 de 6 de setiembre de 2001 y su posterior reforma establecieron la obligación del Estado costarricense de indemnizar, a través del Instituto Nacional de Seguros (INS), “a quienes comprueben haber sufrido un daño físico y/o moral objetivo como consecuencia de haber sido utilizado en el país” el Nemagón.
El proyecto establece que para poder reclamar la indemnización el interesado debe presentar, ante la unidad ejecutora técnica, un reclamo administrativo.
Además, debe aportar los documentos de la Caja Costarricense de Seguro Social, el Banco Popular o la empresa para la cual se laboró, con lo cual se demuestre haber sido trabajador bananero o trabajadora bananera dentro del lapso de años 1967 a 1979.
Mientras que a los hombres ex trabajadores y trabajadores, o a las mujeres ex trabajadoras y trabajadoras, las indemnizaciones se les reconocerán con base en los años de exposición al DBCP.
La iniciativa establece que “el monto total de la indemnización que se reconozca de conformidad con esta ley, será superior a la suma de seiscientos ochenta y tres mil colones (¢683.000,00), determinada según el estudio actuarial elaborado por el INS, en el que se consideró el salario devengado por los trabajadores bananeros calculado al valor actual.
Este monto deberá ser indexado conforme al índice de precios al consumidor, determinado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos, desde la fecha de entrada en vigencia de esta ley hasta la fecha en que a cada persona afectada se le haga efectivo el pago de la respectiva indemnización”.
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