Autor: Editor

Juan Pablo Estrada Gómez, Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo.
Asamblea Legislativa.

12 de marzo del 2015 – Con el apoyo unánime de las diputadas integrantes de la Comisión Permanente Especial de la Mujer se dictaminó una reforma a varias leyes que sancionan todo tipo de relaciones con personas menores de edad.

Dentro de las nuevas disposiciones se reforma el artículo 161 del Código Penal para que se sancione con pena de tres a ocho años a quien realice de manera abusiva actos con fines sexuales contra una persona menor de edad o incapaz siempre que no constituya delito de violación.

Igualmente en el artículo 159 del Código Penal se sanciona con pena de prisión, quien se haga acceder o tenga acceso carnal por vía oral, anal o vaginal, con una persona menor de edad en los siguientes supuestos siempre que no constituya delito de violación:

• Con pena de prisión de tres a seis años cuando la víctima sea mayor de trece y menor de quince años de edad, y el autor sea cinco o más años mayor que esta en edad.
• Con pena de prisión de dos a cuatro años cuando la víctima sea mayor de quince y menor de dieciocho años, y el autor sea cinco o más años mayor que esta en edad.
• Con pena de prisión de cuatro a diez años siempre que el autor tenga respecto de la víctima, la condición de ascendiente, tío, tía, hermano o hermana, primo o prima por consanguineidad o afinidad, sea tutor o guardador, o se encuentre en una posición de confianza o autoridad con respecto de la víctima o su familia, medie o no relación de parentesco.

También queda legalmente prohibido el matrimonio entre quien adopta y la persona adoptada y sus descendientes; hijos e hijas adoptivos de la misma persona; la persona adoptada y los hijos e hijas de quien adopta; la persona adoptada y el ex cónyuge de quien adopta; y la persona que adopta y el ex cónyuge de quien es adoptado.

La suspensión de la Patria Potestad será aplicada cuando la persona menor de edad haya sido objeto de violación, abuso sexual, corrupción o lesiones graves o gravísimas de quienes la ejerzan.

La representante de la bancada de la Unidad Socialcristiana, Rosibel Ramos Madrigal indicó que por años la sociedad se ha querido tapar los ojos ante está triste realidad.

Por su parte la congresista de Liberación Nacional, Maureen Clarke Clarke señaló que estas reformas son muy necesarias, porque la sociedad ha visto por años este tipo de relaciones como normales.

La presidenta del foro legislativo, Carmen Quesada Santamaría calificó “como un paso muy importante en defensa de las niñas y jóvenes del país, que se incluyera la prohibición de matrimonio a menores de dieciocho años”.

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Armando Alonso González, Departamento de Relaciones Púbicas, Prensa y Protocolo.
Asamblea Legislativa.

12 de marzo del 2015 – Los diputados que integran la Comisión Permanente Especial de Relaciones Internacionales y Comercio Exterior, dictaminaron positivamente tres convenios internacionales, que tienen que ver con intercambio de información en materia tributaria, evitar la doble imposición y delimitación marítima entre Costa Rica y Ecuador.

El primer convenio aprobado es el expediente 18840 Aprobación del Convenio entre Costa Rica y Ecuador sobre intercambio de información en materia tributaria, que pretende para el caso de nuestro país, intercambiar información para administrar y ejecutar las leyes nacionales relativas a los tributos comprendidos, incluida la información para la determinación, liquidación y recaudación de los tributos, el cobro y la ejecución de créditos tributarios y la investigación o persecución de presuntos ilícitos tributarios.

Los beneficios que se obtienen por medio del mecanismo de intercambio de información no solo inciden en cumplimiento de estándares internacionales e inserción en mercados comerciales globalizados.

El acceso a la información es un mecanismo que también ayuda a mejorar significativamente la capacidad de la Administración Tributaria costarricense para aplicar eficazmente las leyes tributarias adoptadas por la Asamblea Legislativa.

La cooperación y la asistencia mutua a través del intercambio de información tributaria constituyen un elemento fundamental en la lucha contra prácticas tributarias nocivas, en el marco de una creciente globalización. La necesidad de implementar mecanismos de asistencia administrativa, facilitando el cumplimiento de los objetivos fiscales nacionales observando los principios básicos de equidad, respeto y beneficio mutuo, está en constante crecimiento en la comunidad internacional.

Así mismo se dictaminó en forma positiva el expediente 19122 Aprobación del Acuerdo entre Costa Rica y Alemania para evitar la doble imposición de impuestos sobre renta, que se refiere a los problemas que puedan originarse como consecuencia del cobro de impuestos sobre la renta y el patrimonio.

Para efectos nacionales, este instrumento jurídico internacional resulta aplicable para los impuestos sobre la renta, sobre bienes inmuebles y sobre la propiedad de vehículos automotores, embarcaciones y aeronaves.

En definitiva, este tipo de instrumentos internacionales es un medio no solo para la solución técnico-tributaria al fenómeno de la doble imposición internacional y para fomentar una fiscalidad neutral, sino que también contemplan una serie de consecuencias y efectos positivos de índole jurídica, económica, técnica y política.

Cabe indicar que este acuerdo tiene como principal función el proporcionar reglas claras para la eliminación de situaciones de doble imposición, las cuales definirán los métodos y procedimientos a seguir independientemente de que estos se encuentren descritos previamente en la legislación interna de cada uno de los Estados.

El diputado Michael Arce Sancho manifestó, que el caso de la Organización de Naciones Unidas (ONU), han hecho un esfuerzo importante para mitigar los efectos de la competencia fiscal prejudicial y favorecer la transparencia fiscal internacional, ya que Costa Rica fue identificada en el año 2009 como un paraíso fiscal.

Finalmente los diputados dictaminaron en forma positiva el expediente 19340 Aprobación del Convenio sobre Delimitación Marítima entre Costa Rica y Ecuador.

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Federico Villegas, Emiliano Gamboa, Area Audiovisual. Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo.
Asamblea Legislativa.

11 de marzo del 2015 – Representantes de la Corporación Ganadera (CORFOGA) fueron recibidos por la Comisión de Agropecuarios con el fin de hacer una sesión de trabajo, con miras al trámite del expediente que pretende una reforma a la Ley Senasa.

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Vera V. Solano Salazar, Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo.
Asamblea Legislativa.

10 de marzo del 2015 – La Comisión Permanente de Asuntos Hacendarios recibió a Shirley Saborío, Directora Ejecutiva de la Unión de Cámaras UCCAEP y Allan Saborío Asesor Legal, quienes manifestaron su preocupación por algunas de las disposiciones contenidas en el expediente 19245 Ley para mejorar la lucha contra el fraude fiscal.

Una de ellas, manifestó Allan Saborío es el cobro en sede administrativa, pues la iniciativa le otorga esa facultad a los funcionarios del Ministerio de Hacienda lo que a su criterio es inadmisible.

El Asesor Legal de la Unión de Cámaras expresó que autoridades de Tributación Directa han admitido que los traslados de cargos se le caen a la administración entre un 30 y un 40% en sede judicial.

Añadió que a pesar de esta situación se pretende que finalizada la actuación de la administración tributaria se decomisen los bienes de los contribuyentes, se rematen y se adjudiquen a esta instancia.

Allan Saborío enfatizó que las nuevas disposiciones llevarán a la quiebra a muchas de las empresas especialmente a las más pequeñas y objetó además la responsabilidad solidaria que se le pretende atribuir a los contadores.

Shirley Saborío, Directora Ejecutiva de la UCCAEP manifestó que es inadmisible pretender trasladar a la administración tributaria acciones que son propias de los tribunales.

Además recalcó que en el país sólo el 5% de las empresas tienen más de cien trabajadores lo que demuestra que la mayoría son pequeñas y de aprobarse el proyecto de ley se estaría promoviendo su salida del sector formal.

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Vera V. Solano Salazar, Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo.
Asamblea Legislativa.

10 de marzo del 2015 – La Comisión Permanente de Asuntos Hacendarios dictaminó en forma positiva el expediente 18966 Incorporación del artículo 106 quater al Código de Normas y Procedimientos Tributarios.

El objetivo del proyecto de ley es la inclusión de un artículo 106 quater al Código de Normas y Procedimientos Tributarios para regular el intercambio automático de información tributaria.

Según se indica en la iniciativa, con esta adición se pretende cumplir con las obligaciones internacionales que ha adquirido el país mediante la suscripción y aprobación de Convenios y Acuerdos Internacionales sobre el intercambio automático de información en materia tributaria.

El proyecto que ya estaba en trámite de primer debate en el Plenario Legislativo fue devuelto a la comisión al considerar que el texto ya no respondía a las necesidades actuales en materia tributaria.

La nueva disposición se considera necesaria pues la legislación vigente relativa al intercambio de información tributaria y su correspondiente procedimiento evidencia la inexistencia de una disposición legal que regule el intercambio automático y periódico de información que se encuentre en poder de entidades financieras y que sea requerido por otras jurisdicciones.

Esta situación deja a Costa Rica imposibilitada para cumplir efectivamente con los instrumentos y estándares internacionales y así cumplir con los convenios internacionales suscritos en que se contemple el intercambio automático de información en materia tributaria.

La inclusión del artículo 106 quater al Código de Normas y Procedimientos Tributarios es importante no solo para efectos de cumplir con las obligaciones que adquirirá el país a corto plazo, sino que también implica un avance legislativo relevante en relación con las revisiones de la legislación nacional que estará llevando a cabo la OCDE en el marco de la posible accesión del país a dicha organización internacional.

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Armando Alonso González, Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo.
Asamblea Legislativa.

10 de marzo del 2015 – Alejandrina Mata Segreda, representante del Consejo Nacional de Rectores (CONARE), se manifestó a favor del proyecto expediente 19262, Ley de Creación de las Escuelas Científicas de Costa Rica, pues consideró que es una oportunidad muy valiosa para estimular el pensamiento científico de nuestros estudiantes.

Segreda compareció junto con Kenneth Rivera, representante de esa misma institución, en la Comisión Permanente Especial de Ciencia, Tecnología y Educación.

El proyecto autoriza al Ministerio de Educación Pública para que suscriba convenios con las instituciones estatales de educación superior universitaria y otras entidades de reconocida excelencia académica o de investigación científica, para el establecimiento de las escuelas científicas de Costa Rica, las cuales contribuirán al logro de los propósitos de la educación preescolar y general básica en los ciclos primero y segundo con énfasis en la educación científica.

Las escuelas científicas de Costa Rica tienen por objeto la formación integral de sus estudiantes, con los más altos valores costarricenses en el marco de un proceso educativo; con énfasis en la adquisición de conocimientos sólidos y habilidades en los fundamentos de la matemática, la física, la química, la biología y la informática.

La compareciente manifestó que dicha iniciativa es de suma importancia, pero además genera un especio que sirva de semillero para que las demás instituciones educativas del país puedan también mejorar sus intervenciones educativas en el tema de la formación científica que tanto se requiere en nuestro sistema educativo.

“Sin embargo consideramos que hay que tomar en cuenta que este proyecto incluye, escuelas, con el ciclo preescolar, el primer ciclo y el segundo ciclo, ahí termina, luego existe el proyecto de colegios científicos que cubre el ciclo diversificado, por lo tanto queda sin atender en este tema, el tercer ciclo de la educación general básica”, considero.

En este mismo sentido señaló que en el Ministerio de Educación existe la modalidad de educación general básica (cubre todo el ciclo educativo, desde preescolar hasta noveno año) y son las instituciones que tienen desde preescolar hasta noveno año.

“Por supuesto que el abordaje de la educación científica que se hacen en el colegio científico, no puede ser el mismo que se hace desde preescolar hasta noveno año, tienen conceptos totalmente diferentes, los cuales podríamos discutir luego. Consideren ampliar la existencia de estas instituciones hasta el noveno año de la educación general básica”, señaló.

Por su parte Kenneth Rivera, manifestó que dicho proyecto es la parte complementaria, en la educación ya que en los onceavos grados de la educación media, están las dos últimas, que son precisamente los colegios científicos.

“Hemos visto la gran cantidad de problema que existen para que estudiantes de todo el país puedan ingresar con una formación robusta que soporte el programa de los colegios científicos, y por eso vemos esta iniciativa como una iniciativa que hace falta en estos momentos y que la gente lo ha estado solicitando”, comentó Rivera.

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Armando Alonso González, Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo.
Asamblea Legislativa.

5 de marzo del 2015 – Víctor Hugo Carranza, Presidente de la Junta Directiva del Banco Nacional de Costa Rica, aclaró en la Comisión de Control de Ingreso y Gasto Público, que los miembros de la Junta Directiva, no reciben incentivos económicos.

Carranza se refirió a los informes de auditoría que presentó la Contraloría General de la República, sobre el pago de incentivos a funcionarios de los bancos estatales de Costa Rica, Nacional y Banco Popular, que no están sujetos a la evaluación del desempeño ni a los objetivos específicos.

“La actual Junta Directiva ni ninguna junta anterior, recibe incentivos económicos, de ninguna naturaleza, nosotros atendemos nuestra responsabilidad a partir de las sesiones ordinarias y extraordinarias que nosotros desarrollamos, hacemos 4 sesiones ordinarias y por esa labor lo que recibimos en términos netos son ¢170.773 colones ese es el único pago que reciben los miembros de la junta, porque en algún momento se ha pensado que recibimos otro tipo de incentivos”, aclaró el directivo.

Señaló que hasta el pasado 24 de noviembre del año 2014, se enteraron de parte de la Contraloría General de la República, sobre dichos informes de auditoría, a solicitud para una atención específica verbal que hizo la Contraloría al Banco Nacional.

“Esta junta a la fecha no ha aprobado ningún incentivo adicional, por el contrario hemos ajustado un incentivo que existía. Del año de 1997 lo que tiene el banco es un esquema prácticamente fijo de aumento salarial del 6%, del año 98 al año 2002 se tiene una retribución cercana al 8% para los colaboradores y esto no está asociado en ese momento a los grandes objetivos estratégicos del banco y a partir del 2002 surge un cambio importante y se ajusta en relación a las utilidades brutas”, explicó.

Manifestó además que a partir del año 2010, el Banco Nacional, dispone de dos modalidades de pago para el salario, una modalidad que tiene que ver con el salario, más los pluses, que están consagrados en esta convención colectiva y el salario único que está referido al percentil 50.

“Hay que plantearse para que queremos la banca comercial del Estado, en una economía abierta, hoy los bancos del estado están compitiendo con quince bancos, 28 cooperativas, cinco financieras, estamos compitiendo contra megabancos, la realidad de la industria financiera es muy diferente a lo que teníamos unos años atrás, de manera que tenemos que preguntarnos si aspiramos a tener bancos de desarrollo o bancos mercantiles, para tomar acciones integrales, se hace necesario una mirada integral para potenciar el desarrollo de los bancos del estado”, finalizó diciendo el Presidente de la Junta Directiva.

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