Categoría: Legislación

Orietta Vargas Cavallini, Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo
Asamblea Legislativa

28 de julio del 2014 – 53 diputados presentes votaron a favor de revocar el nombramiento del magistrado de la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, Óscar González, acusado de acoso sexual.

Se tenía previsto que el magistrado se presentara antes los diputados para plantear sus argumentos de defensa pero envió una nota a la Asamblea Legislativa donde señala que está internado el Hospital Nacional Psiquiátrico desde el pasado viernes.

Los legisladores no pudieron votar la revocatoria de González la semana anterior como estaba previsto debido a que el funcionario judicial presentó un recurso de amparo ante la Sala Constitucional, que fue rechazado, al igual que una acción de inconstitucionalidad en contra del proceso que se le abrió en la Asamblea Legislativa.

Una Comisión Especial conformada por tres legisladores recomendó al Plenario Legislativo revocar el nombramiento de González.

El diputado de Liberación Nacional, Antonio Álvarez Desanti fue claro en que “solo podemos decir si revocamos su nombramiento o si debe seguir fungiendo como magistrado”.

Álvarez Desanti señaló que al magistrado se le dio el debido proceso y tuvo la posibilidad de ejercer su defensa.

El dictamen afirmativo unánime emitido por la Comisión expone que el magistrado ha faltado a la probidad y decoro que se requiere para ejercer el cargo, además “él debe ser ejemplo por su posición al ocupar el más alto cargo para el ejercicio de la administración de justicia que existe en el país, lo cual significa también que su comportamiento debe ser medido con una mayor severidad”.

Según el artículo 182 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, una de las sanciones disciplinarias que se pueden imponer a un magistrado es la revocatoria de su nombramiento, pero para que pueda ser efectiva se necesita que se al menos 15 magistrados acuerden esa sanción y la remitan a la Asamblea y que esta por mayoría calificada así lo decida.

Antes de enviar el expediente al Congreso, los magistrados habían acogido el informe de un órgano instructor designado por la Corte Plena, donde dan por probado el acoso, con una votación de 21 a favor y uno en contra. También declararon que la conducta del magistrado constituye una falta gravísima, con una votación de 18 a favor y cuatro que calificaron la falta como grave.

El legislador del Frente Amplio, Edgardo Araya Sibaja, indicó que las pruebas y la investigación realizada por la Corte demostró los hechos. Según el congresista, tanto la siquiatra, como la psicóloga y la ofendida concuerdan y “las tres declaraciones nos llevan a la convicción de que los hechos que se acusan realmente existieron”.

Carmen Quesada Santamaría, diputada del Movimiento Libertario pidió la revocatoria del magistrado. Quesada Santamaría calificó como una historia de terror lo sufrido por la ofendida en el caso del magistrado González.

El diputado Óscar López expresó su preocupación por la posibilidad de hacer la votación de manera pública. Para el legislador del Partido Accesibilidad Sin Exclusión si el magistrado fue electo de manera secreta su destitución o no debería ser votada de la misma manera.

Por su parte, la diputada Maureen Clarke Clarke de Liberación Nacional explicó que el caso ha sufrido muchos retrasos. “Han transcurrido prácticamente dos años desde que los hechos fueron denunciados y la victima no ha gozado de su garantía constitucional de justicia pronta y cumplida”, argumentó.

Clarke Clarke indicó que el expediente correspondiente a la denuncia penal ingresó a la Secretaría de la Corte el 11 de noviembre del 2013 para conocer la solicitud del Ministerio Público del levantamiento de la inmunidad del magistrado.

2014 Derechos Reservados Asamblea Legislativa

Esteban Rojas Sáurez, Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo
Asamblea Legislativa

22 de julio del 2014 – Los legisladores aprobaron en segundo debate el expediente 18083, Modificación del artículo 171 del Código Municipal, Ley N. º 7794, de 30 de abril de 1998.

La iniciativa pretende que las municipalidades, el Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación, las instituciones públicas y las organizaciones comunales quedan autorizadas para ceder la administración de sus instalaciones deportivas y recreativas a los Comités Cantonales de Deportes.

Con esto se busca reducir la delincuencia y contar con los espacios públicos necesarios para la recreación de la población.

Según la iniciativa, estos comités quedan facultados para gozar del usufructo de las instalaciones deportivas y recreativas bajo su administración y los recursos que obtengan se aplicarán al mantenimiento, mejoras y construcción de las mismas instalaciones, o en el desarrollo de los programas deportivos y recreativos del comité.

Este proyecto había sido presentado el 6 de enero de 2011 a través de la Oficina de Iniciativa Popular de la Asamblea Legislativa.

También se aprobó el expediente 18190, Autorización a la Municipalidad del cantón de San Rafael de Heredia, para que done un terreno de su propiedad a la Asociación de Desarrollo Integral de Jardines Universitarios número dos de San Rafael de Heredia.

Así mismo se aprobó el expediente 17762, Autorización a la Municipalidad de Cartago para que desafecte una porción de un inmueble de su propiedad y done esa porción de terreno a la Asociación Cartaginesa Pro Unidad de Cuidados Paliativos del Hospital Max Peralta.

El expediente 18078 fue aprobado para la desafectación de un terreno propiedad de la Municipalidad de Alajuelita con la autorización para que lo done a la Asociación Cruz Roja Costarricense.

Por otra parte, fue aprobado el expediente 18471, Autorización a la Municipalidad del Cantón de León Cortés de San José para que done un terreno de su propiedad a la Asociación administradora del acueducto y alcantarillado rural de la comunidad de San Isidro de León Cortés.

Además se aprobó el expediente 18698, Desafectación de un inmueble propiedad de la Municipalidad del cantón de Barva de Heredia con la autorización para que esta lo done a la Asociación de Desarrollo integral de San Pedro de Barba de Heredia.

El expediente 18675 fue aprobado para la desafectación y segregación de un terreno propiedad de la Municipalidad de Pérez Zeledón con la autorización para que lo done a la Asociación de Desarrollo específico pro mejoras Barrio Las Américas.

También se aprobó el expediente 18828, Autorización a la Municipalidad de Barva para que segregue y done un terreno de su propiedad a la Asociación Pro-Atención Integral de la tercera edad de Barva.

Finalmente, el expediente 18942, permite a la Municipalidad de Desamparados segregar un lote de un bien inmueble de su propiedad, modifica el uso y naturaleza y autoriza su donación al Ministerio de Educación Pública.

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Esteban Rojas Sáurez, Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo
Asamblea Legislativa

22 de julio del 2014 – Los diputados votaron en primer debate el expediente 19174, Reforma del Transitorio V de la Ley N. º 8783 Reforma de la Ley de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares N. º 5662, el cual regula los fondos que se asignan al Sistema Nacional para la Vivienda.

La ley establece que son beneficiarios de este fondo los costarricenses y extranjeros residentes legales del país, así como las personas menores de edad, quienes a pesar de carecer de una condición migratoria regular en el territorio nacional, se encuentren en situación de pobreza o pobreza extrema.

El fondo se financiará por medio una asignación del Ministerio de Hacienda, equivalente a 593.000 salarios base utilizados por el Poder Judicial para fijar multas y penas por la comisión de diferentes infracciones, proveniente de la recaudación del impuesto sobre las ventas.

Además, los patronos públicos y privados deberán pagar al fondo un cinco por ciento, sobre el total de sueldos y salarios que paguen mensualmente a sus trabajadores.

La ley indica que se “exceptúan de este recargo al Poder Ejecutivo, al Poder Legislativo, al Poder Judicial, al Tribunal Supremo de Elecciones, a las instituciones de asistencia médico-social, las juntas de educación, las juntas administrativas y las instituciones de enseñanza superior del Estado, las municipalidades, así como a los patronos cuyo monto mensual de planillas no exceda el equivalente de un salario base establecido por la Ley N.° 7337”.

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Esteban Rojas Sáurez, Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo
Asamblea Legislativa

22 de julio del 2014 – Con 44 votos a favor se votó en primer debate el expediente 18339, modificación al artículo 4 de la Ley de la Defensoría de los Habitantes de la República N. º 7319 de 17 de noviembre de 1992 y sus reformas.

La iniciativa pretende que no se nombre en el cargo de Defensor de los Habitantes las personas que ocupen o hayan ocupado el cargo de diputado o diputada durante el mismo período constitucional en el que se realice el nombramiento.

Según la iniciativa, “podrá ser nombrado Defensor o Defensora de los Habitantes de la República, la persona costarricense que se encuentre en el ejercicio de sus derechos civiles y políticos; que sea mayor de treinta años, con solvencia moral y profesional de prestigio reconocido”.

Sin embargo, no podrán ser nombradas Defensor o Defensor Adjunto de los Habitantes las personas que ejerzan o hayan ejercido el cargo de diputado o diputada en el mismo período constitucional donde se dé el nombramiento.

El diputado de Liberación Nacional, Carlos Arguedas Ramírez explicó que consideran que la iniciativa no violenta el derecho de las personas a ser electas.

Según el legislador, “la exclusión no es una manera de discriminar en relación con esas personas sino una manera de crear las condiciones generales de igualdad”.

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Esteban Rojas Sáurez, Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo
Asamblea Legislativa

22 de julio del 2014 – La discusión de la destitución o no del magistrado Óscar González, acusado por acoso sexual, se quedará para el próximo lunes. Los diputados tenían previsto recibirlo en audiencia esta tarde para que presentara sus alegatos en el Plenario Legislativo pero envío una nota informando que está incapacitado.

Los legisladores votaron una moción para que el funcionario judicial se presente el lunes en el Congreso y de no ser así, deberá exponer sus argumentos por escrito.

Antonio Álvarez Desanti, legislador de Liberación Nacional, explicó que con la moción se le da la posibilidad al magistrado de presentar su defensa.

Por su parte, las diputadas Maureen Clarke Clarke de Liberación Nacional y Epsy Campbell Barr de Acción Ciudadana, mostraron su molestia y aseguraron que esto podría ocasionar que el caso quede impune.

Clarke Clarke señaló que le preocupa que se de un “proceso para gastar el tiempo y lo peor es que aquí se hizo un procedimiento que no procedía, lo que dijo la Corte era claro, no era necesario abrir un nuevo órgano director”.

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