Legislación – Página 142

Alimentación para las personas trabajadoras

Luis Pablo Quirós Araya, Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo
Asamblea Legislativa

13 de noviembre del 2013

La Comisión Permanente de Asuntos Sociales dictaminó afirmativamente el expediente 18646 Alimentación para las personas trabajadoras, proyecto propuesto por la legisladora verdiblanca Alicia Fournier Vargas, tiene como propósito la creación de una programa que facilite el acceso a los alimentos, al tiempo que proteja y mejore el estado nutricional de las y los trabajadores costarricenses.

La ley propuesta tiene como objeto fortalecer la salud, prevenir las enfermedades ocupacionales, mejorar las relaciones obrero-patronales e incentivar una mayor productividad.

Fournier Vargas argumentó en la defensa del proyecto que además contribuirá como solución a los problemas de sobrepeso que sufren hombres y mujeres y que vienen en aumento en los últimos años.

“En países como Francia, Chile y Colombia se ha aplicado esta alternativa y se ha visto que mejora la calidad, la productividad y da un impulso a la economía. Dejo claro que no es un salario en especie, este programa es voluntario y sirve además como generador de nuevas microempresas” afirmó la liberacionista.

La iniciativa propone al Ministerio de Salud como el responsable de promover una dieta de balanceada por parte de los ciudadanos.

La iniciativa pasará al Plenario Legislativo para su discusión en primer y segundo debate, previo a convertirse en ley de la República.

Dictaminada propuesta de creación de la defensoría penitenciaria

Luis Pablo Quirós Araya, Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo
Asamblea Legislativa

13 de noviembre del 2013

La Comisión Permanente de Asuntos Sociales dictaminó afirmativamente el expediente 18576 Creación de la Defensoría Penitenciaria.

Se propone la creación de la Defensoría Penitenciaria como órgano encargado de velar por el respeto de los derechos e intereses de la población carcelaria en el territorio nacional y el de sus familias, así como el del personal destacado en los centros penitenciarios.

Será una instancia adjunta a la Defensoría de los Habitantes, pero desempeñará sus actividades con independencia funcional, administrativa y de criterio.

Gloria Bejarano Almada, diputada socialcristiana afirmó que aunque en el ente Defensor existen programas que atienden la problemática se requiere de una unidad especializada y dedicada exclusivamente a la protección de ese sector de la sociedad.

“Para nadie es un secreto que el sistema penitenciario está en una crisis enorme, todos hablan del problema que se vive al interior de las cárceles, que son una escuela del crimen, que se violan los derechos humanos, que viven en hacinamiento, pero al final de cuentas no ha habido un interés real por atender esta situación” dijo la legisladora de la Unidad Social Cristiana (PUSC).

Agregó que la Defensoría Penitenciaria ayudará a la familia de los privados de libertad que son víctimas de discriminación o bien abandonan a los presos y cuando estos intentan insertarse a la sociedad se encuentran con que han sido abandonados.

Al defensor penitenciario le corresponderá proponer a la Asamblea Legislativa las modificaciones necesarias a la ley para garantizar el cumplimiento de los derechos humanos.

La iniciativa pasará al Plenario Legislativo para su discusión en primer y segundo debate, previo a convertirse en ley de la República.

Dictaminan proyecto 18429 Reforma del artículo 96 del Código Notarial

Rosibel Barrantes Barrantes, Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo
Asamblea Legislativa

13 de noviembre del 2013

La Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos Jurídicos dictaminó de forma positiva el proyecto 18429 Reforma del artículo 96 del Código Notarial.

En la exposición de motivos del expediente se detalla que en la aplicación de dicha normativa se han presentado una serie de situaciones que han venido a provocar inseguridad jurídica y contradicción con respecto a los lineamientos para el ejercicio y control del servicio notarial emitido por la Dirección Nacional de Notariado.

Debido a esta problemática, a los criterios emitidos por la Procuraduría, de la Dirección Nacional de Notariado y de otros órganos públicos, así como por asociaciones profesionales y de estudios como el grupo Justicia Notarial es que se presentó el texto dictaminado.

La iniciativa pasa ahora a conocimiento del Plenario Legislativo para el debate respectivo.

En juicios de oralidad también deberán dictar sentencia escrita

Rosibel Barrantes Barrantes, Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo
Asamblea Legislativa

13 de noviembre del 2013

La Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos Jurídicos dictaminó de forma positiva el expediente 18365. Se trata de una reforma al artículo 111 del Código Procesal Contencioso-Administrativo que incorpora la obligación y deber del juez que en el momento de dictar la sentencia oral, se entregará a las partes también en forma escrita.

La iniciativa fue presentada por el diputado Rodolfo Sotomayor Aguilar del Partido Unidad Social Cristiana PUSC, quien explicó que con la modificación garantizará el principio de seguridad y certeza jurídica, así como una mayor publicidad y conocimiento de las líneas de pensamiento de la jurisprudencia en dicha materia.

“Se recoge así también un planteamiento esbozado en la nueva reforma al Código Procesal Civil, en materia de notificación de las sentencias”, agregó el legislador.

Además, al texto fue incorporado por medio de moción, que el juez tendrá 15 días hábiles para cumplir con la entrega a las partes de la sentencia.

“La propuesta de esta norma tan relevante del Código Procesal Contencioso Administrativo se justifica ya que pese a lo novedoso de esta tendencia procesal que incluye aspectos relativos a la oralidad, medidas cautelares, celeridad del proceso, ampliación de la legitimación, entre otros, ha quedado la jurisdicción contencioso-administrativa debiendo en materia de seguridad jurídica, al emitir las sentencias en forma oral y no dar la posibilidad a los usuarios de tener el texto escrito de la misma, causando incertidumbre, duda e inseguridad”.

La iniciativa pasa ahora a conocimiento del Plenario Legislativo para el debate respectivo.

Arranca discusión de elección de magistrados

Armando Alonso González, Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo
Asamblea Legislativa

12 de noviembre del 2013

El próximo jueves los diputados arrancan con la discusión para la elección de dos magistrados propietarios de la Sala Constitucional, de la Corte Suprema de Justicia, luego de que se rechazará una apelación que deja en firme la resolución que dicto el Presidente del Congreso, donde se establece horarios para la discusión y votación de dichas plazas.

Se trata de los puestos que dejaron vacantes, Luis Paulino Mora por su fallecimiento y Ana Virginia Calzada por acogerse a su jubilación.

La Resolución que dicto el Presidente del Directorio Legislativo, Luis Fernando Mendoza Jiménez, establece el inicio de la discusión a partir del 14 de noviembre, dentro del siguiente horario, los días lunes, martes y jueves, a partir de las 3:30 una vez concluido el espacio de control político, los diputados deberán discutir las sustituciones de ambos puestos y dedicar 30 minutos cada uno de ellos.

Así mismo dicha medida establece que si al próximo 2 de diciembre aún no se ha concluido la discusión de esos puestos, se dará por discutido y se pondrá a votación el tema.

Esa resolución fue apelada por varios diputados al considerar, que se reducía la posibilidad de hacer denuncias en el control político, la diputada Carmen Muñoz Quesada, señaló que con la resolución se lesiona el control político, que pretende acallar las voces disidentes y disonantes con el estado de cosas que requieren ser cambiadas.

«Queda establecido Presidente, que este plazo del artículo 163 constitucional es meramente ordenatorio y que respecto del mismo nunca se ha acusado mora en su incumplimiento, así que, no estamos frente a un término infringido en nuestra Constitución Política que pueda ser citado por usted y su resolución, además de carrereada conlleva a graves vicios en contra de las minorías parlamentarias dinámicas y del principio democrático» explicó la diputada Muñoz.

Por su parte el Presidente del Congreso, Luis Fernando Mendoza manifestó, que la mora no es una falacia, sino que es una omisión al deber constitucional que tiene la Asamblea Legislativa de integrar correctamente la Corte Suprema de Justicia, ya que la inactividad del Congreso es un hecho público evidente y notorio que no necesita prueba.

Sin embargo, dijo se puede comprobar, por medio de las simples lecturas de las comunicaciones que el Poder Judicial cruzo a esta asamblea, que propone que la ausencia definitiva de dos magistrados propietarios, en consecuencia es verdadero que el Congreso incurre en mora porque no actúa dentro de un plazo constitucionalmente para ejecutar un nombramiento.

«El artículo 163 de la Constitución Política señala un plazo para acordar el nombramiento, la Constitución no es un Código Procesal, dispone norma general de acción verdaderos mandatos que deben ser cumplidos de buena fe y de acuerdo a principios de buena razón» comento Mendoza.

Arranca discusión de proyecto de investigación biomédica

Armando Alonso González, Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo
Asamblea Legislativa

12 de noviembre del 2013

Los diputados iniciaron, la discusión del expediente 17777 Ley Reguladora de Investigación Biomédica, luego de un acuerdo a que llegaron las bancadas del Partido Acción Ciudadana, (PAC), Liberación Nacional, (PLN), Movimiento Libertario (PML) y Unidad Socialcristiana, (PUSC).

Este acuerdo permitió posponer los asuntos que se encontraban antes del proyecto en la agenda legislativa e iniciar con el análisis de varias mociones que se le presentaron al texto.

La diputada Carmen Muñoz Quesada explicó que dicho acuerdo consistió en que la diputada del PAC, María Eugenia Venegas Renauld y el diputado del Frente Amplio, José María Villalta Florez-Estrada, retiraran varias mociones que se le habían presentado.

La iniciativa de ley busca dotar al país de la normativa que permita el impulso de la investigación Biomédica, dentro de los más altos parámetros éticos y científicos, asegurando el respeto a la dignidad, derechos, seguridad y bienestar de los seres humanos y, a la vez, promover el desarrollo científico nacional de la más alta calidad.

Así mismo el plan pretende regular la investigación de manera que se ajusten al principio de inviolabilidad de la vida humana, a los derechos de la salud, la intimidad y la dignidad humana, establecidos en la Constitución Política y en la legislación nacional e internacional que regula la materia.

El proyecto dedica especial atención a la regulación específica y detallada del consentimiento informado, dentro de esta regulación se especifica la participación de una persona en una investigación científica se requerirá el consentimiento expreso, específico, escrito y firmado, se regula además el contenido mínimo del consentimiento.

Se establece también que para personas con discapacidad la información para otorgar el consentimiento se presentará en condiciones y formatos accesibles apropiados a sus necesidades.

La diputada María Eugenia Venegas en su explicación de por qué retiraba varias mociones manifestó que este proyecto fue dictaminado en forma unánime y afirmativa en la Comisión Permanente de Asuntos Sociales, con un texto sustitutivo que fue publicado y recibió observaciones.

Así mismo dijo que fueron esas observaciones las que se tradujeron en mociones que presento y las que no fueron aprobadas son las que están para retirar en el Plenario Legislativo y retiradas por ella.

«Cuál ha sido la intención de reiterar las mociones vía articulo 137 y artículo 138 por mi parte, pues muy simple, que este plenario conociera las argumentaciones que he elaborado para demostrar que ni siquiera esas mociones lograban arreglar el texto en sus aspiraciones que se deben concretar de acuerdo con el voto de la Sala Constitucional mediante el cual se prohibió la realización de ensayos clínicos» argumentó la diputada.

Piden aprobación de crédito para la ruta Limón

María Fernanda Pérez Chavarría, Departamento de Relaciones Publicas Prensa y Protocolo
Asamblea Legislativa

12 de noviembre del 2013

La Comisión Permanente de Asuntos Hacendarios recibió al vice Ministro del Ministerio de Obras Públicas y Transporte, MOPT, José Chacón Laurito y al vice Ministro de Hacienda Jordi Prat Cordero, quienes se refirieron al expediente 18945, aprobación del financiamiento de la ruta nacional 32 sección ruta 4-Limón.

El desarrollo del la propuesta estuvo a cargo de Marco Rojas ingeniero del MOPT, experto en presupuestos y costos de obras viales, el cual indicó que la ampliación de la ruta 32 en puerto Limón, se encuentra en el corredor del Atlántico, entre Río Frío y Limón centro.

Además señaló que algunos de los beneficios que se obtendrán con el proyecto son: aumentar seguridad vial y desarrollo de la población, añadiendo que el proyecto abarca 107 kilómetros.

También puntualizó que se realizarán varios cambios, por ejemplo en los 36 puentes y la creación de pasos a desnivel, construcción de 11 retornos, puentes peatonales, ciclo vías y drenajes, estableciendo 7 secciones en la carretera.

De acuerdo con José Chacón la contratación consiste en la búsqueda de empresas que tengan experiencias y puedan fijar la magnitud de la obra y con el mejor financiamiento.

Por otra parte Jordi Prat, presentó varios presupuestos, en forma independiente mencionando al Ministerio de obras Públicas y transporte y al Instituto Tecnológico de Costa Rica.

Además explicó el desarrollo el costo que ofrece EXIMBANK, banco de la Republica popular de China, el cual financiará mediante yuanes, recalcando que el costo de esa moneda se está fortaleciendo alcanzando un 6 en su valor.

Pratt finalizó declarando que la obra será financiada en un 15% por el gobierno, mientras que el 85% restante se costeara con el préstamo del banco.

Municipalidades publicarían gratuitamente en La Gaceta

Federico Villegas Cordero, Departamento de Relaciones Públicas Prensa y Protocolo
Asamblea Legislativa

12 de noviembre del 2013

En la Comisión Permanente de Asuntos de Gobierno y Administración se discute el expediente 18506 que pretende hacer una reforma al artículo 11 de la Ley de Creación de la Junta Administrativa de la Imprenta Nacional para que a las publicaciones hechas por las municipalidades sean exoneradas de su pago.

Es importante señalar que por mandato constitucional, todo documento que afecte a terceros y toda ley de la República, para entrar en vigencia, deben ser publicados, por lo que las municipalidades deben mandar a publicar gran cantidad de reglamentos al año para que entren en rigor.

Como parte de las consultas que se realizan para discutir este proyecto, se recibió en audiencia a Leonardo Campos, Director Ejecutivo de la Unión Nacional de Gobiernos Locales y a Jonathan Espinoza Segura, Director Ejecutivo de la Asociación Nacional de Alcaldes e Intendentes. Ambos invitados coincidieron en la aprobación del proyecto.

Campos indicó, “se ha insinuado que hacer esta exención desfinanciaría a la imprenta Nacional, pero según hemos analizado el impacto en su presupuesto sería de un 2,7% nada más”.

Mientras que Espinoza aseveró “hay una serie de reglamentos de contratación, de planes reguladores, y demás, que se deben mandar a imprimir por mandamiento constitucional. Muchas municipalidades no tienen ningún tipo de problema, pero las más pequeñas sí”.

La legisladora Yolanda Acuña Castro, cofirmante del proyecto dijo que en el año 2011 el excedente de la imprenta Nacional fue de más de 5000 millones de colones, por lo que no se afectaría su funcionamiento e instó a dictaminarlo.

El proyecto es presentado también por el diputado Luis Alberto Rojas Valerio.

Dictaminan expedientes 18599 y 18918

Rosibel Barrantes Barrantes, Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo
Asamblea Legislativa

12 de noviembre del 2013

La Comisión Permanente Especial de Asuntos Municipales y Desarrollo Local Participativo dictamino los expedientes 18599 una reforma a la Ley de Impuestos Municipales del cantón de Atenas y el 18918 una Autorización a la municipalidad de Belén para que segregue un lote y cambie su uso, con el fin de construir un Centro de Cuido y Desarrollo Infantil, (CECUDI).

En cuanto al primer expediente con la actualización de las tarifas, la Municipalidad de Atenas podría tener mayores recursos para atender las necesidades del cantón.

Ya que luego de analizar los diferentes establecimientos o actividades que pagan patente se determinó la necesidad de modernizar el tributo.

Y el segundo persigue habilitar un centro de atención de menores para que las madres solas o de escasos recursos puedan estudiar o trabajar mientras sus hijos son cuidados en un CECUDI.

Esto por cuanto según un estudio existe un gran número de mujeres desocupadas o con trabajos poco remunerados debido a la escasa corresponsabilidad en el cuido de los hijos y familiares.

Federaciones Municipales serían exoneradas

Rosibel Barrantes Barrantes, Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo
Asamblea Legislativa

12 de noviembre del 2013

Las Ligas, Confederaciones y Federaciones Municipales serian exoneradas de todos los impuestos vigentes en nuestro país, gracias a un proyecto de ley dictaminado en la Comisión Permanente Especial de Asuntos Municipales y Desarrollo Local Participativo.

Este tipo de organizaciones facilitan el desarrollo de obras regionales que benefician a la colectividad y al estar exentas del pago de tributos, tendrían mayores recursos para invertir en obras consecuentes a sus fines.

La diputada Yolanda Acuña Castro dijo que apoyó el texto debido a que le parece justo que estas agrupaciones puedan tener más recursos económicos en sus arcas para realizar mayores obras.

El proyecto fue iniciativa del señor diputado Gilberto Jerez Rojas en el período 2006-2010.

La diputada Siany Villalobos Argüello se mostró contenta con el trámite de este expediente y dijo que todo lo que se haga en beneficio de los ayuntamientos repercute a favor de las comunidades.