Categoría: Legislación

Vera V. Solano Salazar, Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo
Asamblea Legislativa

8 de octubre del 2013

Los contenidos del presupuesto del Poder Judicial son un reflejo de la situación económica y social del país, afirmó Zarella Villanueva Monge, presidenta de la Corte Suprema de Justicia ante la Comisión Permanente de Hacendarios.

La magistrada fue convocada por la comisión para dar detalles de la forma en que se invertirán los 352 mil millones de colones destinados a ese poder en el presupuesto ordinario de la República que se tramita en ese órgano  legislativo.

Aseguró que el presupuesto de las instancias del Poder Judicial viene con un enfoque en la seguridad ciudadana, manteniendo en materia penal un 43% del total de los recursos, es decir, Organismo de Investigaciones Judiciales, OIJ, Ministerio Público y Defensa Pública.

Destacó como un éxito el programa de flagrancias, por lo que anunció que se completarán estructuras en Pérez Zeledón, Corredores, San Carlos, San Ramón y Santa Cruz, con lo cual se cubrirá todo el país.

“El éxito del programa se ha visto reflejado en la variación de índices respecto a la percepción ciudadana de la seguridad, con la respuesta inmediata del aparato judicial”  expresó.

El presupuesto añadió la magistrada se enfoca en áreas como justicia restaurativa en el cual se hace un programa  novedoso que se ejecuta en Pavas pero se va a extender el próximo año a Heredia  y Alajuela.

En cuanto al enfoque social  informó que se continuará con el programa de modernización añadiendo a Pérez Zeledón, Guápiles San Carlos y San Ramón a los juzgados electrónicos.

La Magistrada destacó que también se trabaja en un programa de no revictimización  en Pavas  con migrantes, donde se experimenta un nuevo modelo de despacho judicial en  temas como pensiones alimentarias, violencia, medicatura forense y materia penal.

2013 Derechos Reservados Asamblea Legislativa

Grettel Umaña Vargas, Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo
Asamblea Legislativa

8 de octubre del 2013

Invertir en un plan agresivo para la prevención y la detección temprana del cáncer de seno es lo que deben hacer las instituciones públicas dedicadas a la salud. Así lo señalaron representantes del Sindicato de Profesionales en Ciencias Médicas (SIPROCIMECA) ante la Comisión Permanente Especial de la Mujer.

Dicha Comisión legislativa investiga las acciones que en esa dirección ha hecho la Caja Costarricense del Seguro Social.

Para el Secretario General del Sindicato, Dr. Amaral Sequeira, el país no ha hecho lo suficiente para ampliar las investigaciones en torno a la prevención del cáncer de mama.

Sequeira dijo que la gran campaña tendrá que ser la que emprenda la Caja Costarricense del Seguro Social y el Ministerio de Salud para proyectar hacia la búsqueda de marcadores tempranos del cáncer en donde se encuentren.

El representante sindical dijo que en el Hospital de Niños y en otras instituciones ya se está trabajando en un Laboratorio de Genética, que puede ser el inicio de  lo que cree será “la solución del gran problema del cáncer no solo de mama si no de múltiples localizaciones”

El profesional señaló que hay que aprovechar el personal calificado con que cuenta el país para apoyarlos y darles mayores y mejores instrumentos para la investigación.

Sequeira urgió al estado costarricense a meterse de lleno en este problema e invertir una mayor cantidad de recursos económicos. “Debemos pasar nuestras prioridades como país de curación del cáncer a la prevención de la enfermedad. La añeja historia de prepararnos para curar, tiene que cambiar  hacia el concepto moderno de la detección temprana “muy temprana” y combatir los fenómenos que sean capaces de hacer aparecer la patología y con el tiempo “determinar si somos propensos”. 

2013 Derechos Reservados Asamblea Legislativa

Vera V. Solano Salazar, Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo
Asamblea Legislativa

7 de octubre del 2013

La Comisión Permanente Especial de Nombramientos inicio el proceso para elegir al Defensor o Defensora de los Habitantes, con la aprobación de la metodología  que aplicarán para elegir a quien sustituya a Ofelia Tailtelbaum.

A mediados de  diciembre se le vence al plazo de los cuatro años a Taitelbaum, por lo que la Asamblea Legislativa debe  reelegirla o nombrar a otra persona para el cargo.

El proceso de elección se inicia con la publicación en distintos medios de comunicación  de la metodología para  que quienes deseen postularse al puesto puedan conocer los detalles del mismo y los requisitos que deben cumplir para aspirar al cargo.

Vencido el plazo de recepción de documentos, la comisión recibirá en audiencia a los postulantes para conocer  sus planteamientos para estar al mando de la institución por un periodo de cuatro años.

La presidenta de la Comisión Carolina Delgado Ramírez hizo un llamado a quienes tengan intereses en participar en el proceso para que presenten la documentación.

Una vez concluidas las audiencias, la Comisión presentará al Plenario Legislativo una recomendación con la lista de diez nombres, la cual deberá respetar la normativa vigente en materia de paridad de género.

2013 Derechos Reservados Asamblea Legislativa

Federico Villegas Cordero, Departamento de Relaciones Publicas Prensa y Protocolo
Asamblea Legislativa

7 de octubre del 2013

La Presidenta Ejecutiva de la Caja Costarricense del Seguro Social, Ileana Balmaceda, dio a conocer la oposición de la junta directiva de esta institución hacia el expediente 17484, Ley Orgánica del Ministerio del Deporte y la Recreación.

Este proyecto pretende una redistribuir los fondos captados a través de la Ley General del Control del Tabaco y sus Efectos Nocivos en la Salud y rebajaría un 10% del 60% que se le destina a la Caja, con el fin de otorgarle financiamiento al MIDEPOR.

Balmaceda comentó “nosotros apoyamos 100% el deporte y divulgamos el impacto que tiene esta actividad en la salud, pero también trabajamos con base a la planificación y en este sentido ya tenemos una serie de programas y actividades programadas para el combate del tabaquismo que comprometen estos recursos.

Nosotros no estamos de acuerdo con el proyecto y nos oponemos a que se nos rebaje el 60% que por ley nos corresponde”.

El proyecto no parece contar con buen ambiente dentro de la Comisión Permanente Especial de Juventud, Niñez y Adolescencia, donde se tramita.

2013 Derechos Reservados Asamblea Legislativa

María Fernanda Pérez Chavarría, Departamento de Relaciones Publicas Prensa y Protocolo
Asamblea Legislativa

3 de octubre del 2013

Viviana Gutierrez representante de la  Fundación Marviva y Carlos Alvarado  Director del Instituto Costarricense sobre Drogas ICD, pidieron en la Comisión Permanente Especial de Ambiente la aprobación del expediente 17951, para establecer límites marítimos.

Gutierrez recordó que Costa Rica por muchos años reguló sus límites marítimos, mediante un decreto ejecutivo, que delimitaba la anchura de las aguas territoriales del Océano Pacifico de manera que formalizó relaciones exteriores, para que las autoridades se enteraran a partir de donde se medían las 12 millas de mar territorial y las 188 millas de zonas económicas exclusivas.

En los años siguientes surgieron cuestionamientos a nivel de instituciones por la validez del decreto, por parte de la Sala Constitucional y la Procuraduría General de la Republica, en torno a las opiniones jurídicas y pronunciamientos del tema  como reserva de ley que compete a la Asamblea Legislativa a finalizar los límites marítimos.

Además realizo una observación al criterio técnico que se utilizo en el decreto, donde se interpretaba que había irregularidades de la costa pacífica, que eran profundas y que por ende permitían hacer un trazado de líneas de base recta.

Según  Gutiérrez esas líneas no deben establecerse mediante un decreto  si no por medio de una ley, por esa razón un grupo interinstitucional se dio la tarea de elaborar un proyecto de ley, que durante el 2008 y el 2010, donde participaron varias instituciones, logrando el proyecto que actualmente se estudia.

Desarrollando en el proyecto la delimitación de líneas, por que el Instituto Geográfico Nacional hizo ver algunas imprecisiones por coordinadas de algunos puntos, llegando a una propuesta de una descripción de criterios y principios que establece la Convención de Naciones Unidas de derecho del mar.

Por otra parte Carlos Alvarado Director del Instituto Costarricense sobre Drogas, ICD, menciono que el Instituto está muy interesado en el desarrollo del proyecto, ya que establece los espacios donde se va ejercer el dominio del estado en temas de narcotráfico marítimo.

Finalizo refiriéndose  al tema de Isla Portillos, mencionando que si Costa Rica pierde parte del territorio en disputa, se vería desplazada la distancia  del mar hacia el sur y agrego que provocaría efectos en la flora y fauna marina del Caribe.

2013 Derechos Reservados Asamblea Legislativa

Rosibel Barrantes Barrantes, Departamento de Relaciones Públicas Prensa y Protocolo
Asamblea Legislativa

2 de octubre del 2013

El presbítero Ronny Solano, Secretario Ejecutivo de la Comisión Nacional Pastoral Familiar mostró su oposición al expediente 17884 Ley de regulación de las uniones de hecho entre personas del mismo sexo.

Esto lo hizo en una audiencia en la Comisión Permanente Especial  de Derechos Humanos donde se estudia el tema.

La posición de la Pastoral Familiar se basó en la ley natural de la constitución del matrimonio entre un hombre y una mujer y la posibilidad de concebir hijos.

Además, explico Solano que no se puede permitir el quebranto de la Constitución aprobando el matrimonio entre homosexuales, ni tampoco exponer a los menores de edad a que convivan con personas del mismo sexo.

El representante de la Iglesia indico que la familia es un elemento natural de la sociedad que está protegida por el Estado y que el mismo Estado debe preservarla como tal.

En la exposición de motivos de la iniciativa se destaca que “la unión de hecho que este proyecto pretende regular, a diferencia del matrimonio legalmente constituido, únicamente surte los efectos patrimoniales de este último cuando finalice la unión, por cualquier causa, pero ello solo después que hayan transcurrido más de tres años de unión y que el juez la haya reconocido como tal -artículo 242 del Código de Familia-.  Es decir, que la unión de hecho debe reconocerse judicialmente para que surta efectos patrimoniales.  La legitimación activa para esos efectos la tendrá cualesquiera de los convivientes o sus herederos -artículo 243 del Código de Familia-. 

El trámite se seguirá efectuando como un proceso abreviado -artículo 420 Código Procesal Civil-, y deberá realizarse antes que transcurran dos años contados desde la ruptura de la convivencia o de la muerte de cualquiera de los convivientes, so pena de prescripción, tal y como ya está establecido”.

2013 Derechos Reservados Asamblea Legislativa

Grettel Umaña Vargas, Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo
Asamblea Legislativa

1 de octubre del 2013

El Viceministro de Gobernación, el Fiscal General Adjunto, la Procuradora y la Contralora General de la República, urgieron a los diputados a aprobar el expediente 18348 Reforma parcial y adición a la Ley contra la corrupción y enriquecimiento ilícito en la función pública puesto que mejora herramientas para la prevención y detección de actos de corrupción.

Los funcionarios comparecieron ante la Comisión Permanente de Asuntos Jurídicos donde estudian el proyecto de ley.

Tras la entrada en vigencia de la ley contra la corrupción hace nueve  años, una comisión interinstitucional conformada por la Contraloría General de la República, el Instituto Costarricense sobre Drogas, el Ministerio Público y la Procuraduría General de la República, realizó una evaluación de la normativa vigente, y con base en ese insumo, elaboró el actual proyecto de ley.

Concluyeron en la necesidad de adecuar la norma a los compromisos asumidos por el país en instrumentos internacionales, pero además, manifestaron que la experiencia de las diferentes instituciones que intervienen en la prevención, detección y sanción de actos de corrupción, reveló la existencia de ciertas áreas merecedoras de enmienda.

Ana Lorena Brenes Esquivel, Procuradora General de la República, explicó que los ejes de la reforma son el régimen sancionatorio, la denuncia ciudadana, el derecho a la información pública, las incompatibilidades y el deber de abstención.

Enfatizó la importancia de lo que tiene que ver con la protección del denunciante.

Martha Acosta Zúñiga, Contralora General de la República, resaltó los cambios propuestos en materia de declaraciones juradas.

El Fiscal General Adjunto, Carlos María Jiménez alabó la relación del delito cometido con la sanción propuesta

El proyecto de reforma parcial a  la ley contra la corrupción y el enriquecimiento ilícito, pretende ayudar a prevenir, detectar y sancionar la corrupción en el ejercicio de la función pública”.

Celso Gamboa, Viceministro de Gobernación resaltó la importancia del principio de territorialidad para evitar impunidad porque actualmente los casos de corrupción solo se ven en el Segundo Circuito Judicial y con la reforma se permitiría atender los casos en otras zonas del país.

Las modificaciones propuestas responden al cúmulo de jurisprudencia administrativa y constitucional que se ha generado a lo largo de estos nueve años de vigencia de la ley, aunado a la experiencia de cada una de las instituciones participantes.

2013 Derechos Reservados Asamblea Legislativa

María Fernanda Pérez Chavarría, Departamento de Relaciones Publicas prensa y protocolo
Asamblea Legislativa

1 de octubre del 2013

La Comisión Permanente de Asuntos Económicos dictaminó el  proyecto 18014, Ley para la titulación de flujos de caja de obra pública, para disminuir la necesidad de endeudamiento público y promover  la inversión pública.

El proyecto tiene como objetivo permitir al sector público, el ahorro de mercado de valores nacional, por medio de titularización de flujos presentes o futuros así como titularización de activos o derechos de uso.

Esto debido a que la legislación vigente resulto insuficiente, para la aplicación del proceso financiero a la titularización de todo tipo de créditos y flujos presentes o futuros de carácter hipotecario y los derivados de arrendamiento.

La autorización permitirá que el estado destine una menor cantidad de recursos, para solucionar necesidades de infraestructura, que a la vez abre un nuevo espacio de inversión al sector privado, por la creación de mayores instrumentos de inversión , los cuales enfrentan una seria escasez en el mercado de valores.

Las emisiones que tengan calificación de riesgo inferior a triple B, no podrán colarse mediante oferta pública abierta ni restringida.

Además permite al estado y las instituciones descentralizadas la utilización de la figura de fideicomiso, fondos de inversión, fondos inmobiliarios, para atraer recursos financieros y de esa forma gestionar la construcción o desarrollo de proyectos para incentivar la regulación del mercado de valores.

2013 Derechos Reservados Asamblea Legislativa