Categoría: Legislación

Armando Alonso González, Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo
Asamblea Legislativa

15 de octubre del 2012

Helio Fallas, Consultor del Proyecto Estado de la Nación manifestó que ni el Estado costarricenses ni con ayuda de las juntas de educación, se ha podido saldar una vieja deuda que se tiene con la infraestructura educativa.

Fallas compareció en la Comisión Permanente Especial de Control  de Ingreso y Gasto Público para dar a conocer un estudio que realizó sobre la situación actual y principales desafíos de las juntas de educación y administración en el sistema educativo costarricense.

“Carencias importantes en el sistema educativo, la infraestructura, equipo, mobiliario material didáctico, no obstante esta vieja deuda con la educación no ha podido ser saldada, o sea ni con las juntas, ni con el Estado se está solventando”, señaló Fallas.

Así mismo mencionó que en el estudio realizado se determinó que no existe un sistema de información que facilite los trámites administrativos y financieros del sistema educativo.

“Esto es uno de los temas centrales, con la tecnología que hay, perfectamente podría estar en internet, una página, a la cual la escuela puede entrar y deja de una vez los datos de la matricula y de esta manera el Ministerio de Educación sabe exactamente cuántos son los alumnos que tiene”, comentó el Consultor.

Otros de los puntos que mencionó Helio Fallas en el estudio es el poco apoyo del Ministerio de Educación a las juntas de educación en cuanto a capacitación de los miembros, especialmente en materia de gestión administrativa y financiera.

“Realizar auditorías externas, yo pregunté en todas y ninguna me dijo que habían hecho auditorias. Existen juntas de educación donde sus miembros tienen niveles bajos de escolaridad, se explica por la selección que se hizo con los centros educativos en familias con bajos ingresos”, explicó.

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Juan Pablo Estrada Gómez, Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo
Asamblea Legislativa

14 de noviembre del 2012

El abogado penalista, Juan Diego Castro Fernández compareció  ante los integrantes de la Comisión Permanente Especial  de Derechos Humanos para referirse al expediente  N. º 18546 que busca la reforma de los tipos penales establecidos en los artículos 167, 196, 196 bis, 231, 236 y 288 del Código Penal.

En su intervención el jurista dejo claro que con la actual Ley de Delitos Informáticos no solo se afecta a los periodistas sino también a los ciudadanos y señalo su preocupación por la peligrosa judicialización de la política.

Según indicó Castro Fernández este es uno de los mamarrachos jurídicos más grandes que ha visto en los 30 años del ejercicio de la profesional, que calificó de “enorme sapo antidemocrático” que viene a violar derechos humanos fundamentales como la expresión, libre acceso a la información, y el principio de transparencia.

El expositor indicó que la Ley es muy draconiana  y exagerada al imponer penas muy altas que en algunos casos sobrepasan en años cárcel a delitos mucho más graves, con lo cual no se puede imponer el beneficio condicional de la pena.

“Con esta ley no pretenden cerrarnos la boca, sino cortarnos la cabeza para que no pensemos”, sentenció el abogado penalista.

Asimismo instó a los legisladores a investigar quién redacto esta norma que viene a crear una “cortina de hierro” para la política nacional.

Para Castro Fernández en Costa Rica no existe concepto de carácter normativo que defina lo referente a secretos políticos y lo único que existe en la Constitución Política es lo referido a secreto de Estado que está restringido a asuntos de verdadera seguridad nacional.

Para finalizar Castro Fernández abogó por sacar del ordenamiento jurídico lo que calificó de “monstruo” de la democracia costarricense.

Por su parte el diputado Juan Carlos Mendoza García anunció que la fracción de Acción Ciudadana presentó un texto sustitutivo a este proyecto de ley y que trabajan en la redacción de un proyecto para la transparencia y acceso a la información pública.

Mendoza García mostró su preocupación y rechazo al artículo 196 bis de la actual Ley de Delitos Informáticos ya que contiene conceptos propios de una dictadura.

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Juan Pablo Estrada Gómez, Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo
Asamblea Legislativa

13 de noviembre del 2012

Los integrantes de la Comisión Permanente de Asuntos Sociales dictaminaron afirmativamente el proyecto que busca sancionar la violencia en espectáculos deportivos.

Esta ley será aplicable a personas mayores de edad, dos horas antes, durante y dos horas después de un evento deportivo oficial y de competición y en un perímetro de al menos cinco kilómetros del recinto deportivo en el que se efectúe.

Esta nueva ley establece que se contará con un sistema de información integrado que llevará registro de la información sistematizada en relación con los hechos de violencia derivados de los eventos deportivos oficiales y de competición que quedará a cargo del Ministerio de Seguridad Pública.

Se denominará Sistema de Información para la Seguridad en Eventos Deportivos (SISED) y su objetivo será recabar, coordinar y respaldar la labor de prevención y sanción de la violencia en eventos deportivos.

La nueva normativa sanciona con la prohibición de asistir a actos deportivos por seis meses a quien impida o entorpezca el normal funcionamiento de los transportes dos horas antes, durante y dos horas después de un evento deportivo.

Se le impedirá el ingreso al recinto deportivo y será sancionado con la prohibición de concurrir a eventos deportivos hasta por un año a quien efectúe actos de violencia contra un medio de transporte u ocasionare daños en vías o lugares públicos.

Quien ingrese armas será expulsado del recinto deportivo y además será sancionado con la prohibición de concurrir a eventos públicos hasta por un año.

Para quien  impida, temporal o definitivamente la realización de un evento deportivo la sanción será la prohibición de asistir a actos deportivos hasta por un año. Esta sanción se agravará a un año y medio cuando la conducta sea realizada por dos o más personas.

Será expulsado del recinto deportivo y no podrá volver a entrar hasta por seis meses, quien sin estar autorizado, ingresare al campo de juego, vestuarios, baños o camerinos de los equipos, u otros lugares restringidos.

La sanción será de un año a quien arroje al área de juego, objetos contundentes, envases con líquido o vacíos, papeles encendidos, antorchas, objetos o sustancias que pudieren causar daños o molestias a los jugadores, a los jueces de campo o a terceros.

Quien dos horas antes, durante y dos horas después de un evento deportivo y en un perímetro de al menos cinco kilómetros del recinto deportivo en el que se efectúe, participe en una riña, sin perjuicio de la responsabilidad penal que le pudiera acarrear, no podrá  concurrir a recintos deportivos por tres años.

Finalmente quien sea sorprendido en posesión, consumiendo o tratando de ingresar al recinto deportivo bebidas alcohólicas o drogas ilícitas, será expulsado del recinto deportivo y no podrá volver a ingresar hasta por un año.

La proponente de la iniciativa,  Damaris Quintana Porras  del Movimiento Libertario se mostró  a favor del avance de la iniciativa dada la importancia ante los hechos de los últimos meses.

Asimismo  de forma unánime los diputados aprobaron un texto sustitutivo al proyecto de donación y trasplante de órganos y tejidos humanos, que fue enviado a consulta a instituciones públicas del sector.

La diputada de Accesibilidad Sin Exclusión, Rita Chaves Casanova abogó por que el Poder Ejecutivo convoque este proyecto en el periodo de sesiones extraordinarias para poder avanzar en la discusión.

Por su parte la congresista del Movimiento Libertario, Marielos Alfaro Murillo sostuvo que contar con el apoyo de expertos de la Caja Costarricense del Seguro Social y del Ministerio de Salud es muy importante para blindar el proyecto.

Similar es la posición de la diputada socialcristiana, Gloria Bejarano Almada quien agradeció el acompañamiento de diversos profesionales.

“Esperamos que este proyecto sea pronto Ley de la República para poder sancionar y prevenir el tráfico de órganos y que a la vez seamos ejemplo en Centroamérica”, acotó la diputada Bejarano Almada.

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Armando Alonso González, Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo
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13 de noviembre del 2012

El Presidente Ejecutivo del Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura (INCOPESCA), Luis Dobles Ramírez solicitó eliminar algunos costos administrativos en los combustibles, con el propósito de que los pescadores de nuestro país obtengan un precio más competitivo en la gasolina.

El jerarca compareció en la Comisión Permanente de Asuntos Agropecuarios para que se refiera al proyecto expediente 17103 Interpretación Autentica del artículo 45 de la Ley de creación del Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura.

“Son costos que deberían de exonerarse al sector pesqueros, de alguna manera lo que siempre quiso establecer el legislador costarricense en la mención del artículo 45 era buscar ese precio competitivo para el sector”, dijo Dobles.

En este mismo sentido añadió que se han vendido haciendo cambios y ajustes en la aplicación de la fórmula que lo que se hace es incorporar nuevos costos adicionales en los combustibles, que se ven en los costos de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP).

“Entonces hay aspectos que en forma respetuosa se inventan o hacen para que el costo de alguna manera y los porcentajes empiecen a subir y eventualmente cada vez que incorporamos elementos nuevos de esa naturaleza evidentemente el precio del combustible se aleja más cada vez del espíritu del legislador, al hablar de que debe de tratar de buscar un precio competitivo para el sector”, dijo el Presidente Ejecutivo.

Finalmente mencionó que algunos costos administrativos en el precio de los combustibles que deben de eliminarse como son los costos de depreciación, o los costos portuarios, lo que hacen es encarecer el precio en los combustibles para los pescadores de nuestro país.

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Armando Alonso González, Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo
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13 de noviembre del 2012

Marta Acosta Zúñiga, Contralora General de la República, manifestó que durante el proceso de la investigación que realizaron el caso de la Ruta 1856 conocida como la Trocha Fronteriza, detectaron hechos que eventualmente podrían acarrear responsabilidades de tipo penal.

La jerarca de esa dependencia compareció en la Comisión Permanente Especial de Control de Ingreso y Gasto Público, donde se refirió al tema de la investigación de la Ruta 1856.

“En cuanto a la investigación lo que puedo comentarles, también decirles que la Contraloría General, durante el proceso de su investigación detectó hechos que eventualmente podrían acarrear responsabilidades de tipo penal, por lo tanto inmediatamente procedimos a elaborar la correspondiente denuncia penal que hoy día se encuentra en el Ministerio Público.

También en este sentido hay rigurosas reglas que no me permiten dar los detalles como lo es el artículo 295 del Código Procesal Penal, pero quiero que sepan que eso es una gestión que se encuentra hoy día en el Ministerio Público”, comentó la Contralora.

Acosta mencionó además que la investigación se enfocó en funcionarios que tuvieron participación directa con estas situaciones, a quienes eventualmente se les podría atribuir además responsabilidad disciplinaria, pues en la investigación se determinaron, en principio, hechos que pudieron haber infringido la Ley General de Control Interno.

“Esta investigación que elaboró y finalizó la División de Fiscalización de la Contraloría General, pasó inmediatamente la División Jurídica de la entidad, en donde se está valorando la apertura de procedimientos administrativos. Quiero ser muy enfática de que en el  caso  que la División Jurídica encuentre merito, este procedimiento se va a abrir, ese trámite se va a llevar adelante con todo el cuidado, con toda la diligencia y la rigurosidad que este caso amerita”, expresó.

En este mismo sentido añadió que la División Jurídica es quien va a tramitar y quien emitiría eventualmente una decisión final, que podría acarrear para las personas involucradas sanciones de tipo disciplinario, pero también la prohibición de ingresos y reingresos a la hacienda pública para funcionarios y ex funcionarios que tuvieron relación directa o participación directa con estos hechos.

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Vera V. Solano Salazar, Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo
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13 de noviembre del 2012

Niños de centros educativos  públicos podrán recibir una educación mejor, a la altura de la nueva tecnología y de la información, al dictaminarse afirmativamente el expediente 17749 Ley de alfabetización digital en  escuelas públicas primarias.

El visto bueno a la propuesta se la dieron los diputados de la Comisión Permanente Especial de Ciencia y Tecnología y Educación la cual busca cerrar  la brecha digital que existe aún en el  país.

El proponente de la iniciativa y presidente de la Comisión, el liberacionista Oscar Alfaro Zamora resaltó que “hoy es un día especial para  la educación pública”.

“Se está dando un impulso a la educación a través de la tecnología de la información y la comunicación donde se hace una triangulación entre los contendidos académicos, el acceso a la internet y la computadora” expresó.

Añadió que esa triangulación permitirá que niños de escuelas públicas tengan acceso a los avances en las comunicaciones, con lo cual no solo se cierra la brecha digital y social.

Considera el proponente que si bien en el país se han hecho esfuerzos para acercar a la población a las nuevas tecnologías   todavía muchas personas   no tiene acceso a esta tecnología, creando así la denominada brecha digital, que es sinónimo de iniquidad. 

Añadió que el éxito de esos planes radica en no limitarlos a la entrega de un aparato informático, sino que comprenda   redes, servidores, electrificación, aplicaciones, capacitación y el servicio de mantenimiento, constituyéndose en  una nueva y victoriosa experiencia  en comunicaciones para la educación e integración social.

En cuanto a la forma en que se financiará el programa, el legislador liberacionista explicó que entidades como la superintendencia de Telecomunicaciones (SUTEL) y el Ministerio de Educación estarán a cargo de asegurar los recursos.

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Vera V. Solano Salazar, Departamento de Relaciones Pública, Prensa y Protocolo
Asamblea Legislativa

12 de noviembre del 2012

El magistrado  de la Sala Segunda Orlando Aguirre Gómez manifestó a los diputados de la Comisión Permanente Especial de Nombramientos su interés en ser reelecto en su puesto un periodo más para continuar participando en la implantación de la reforma a le Ley procesal laboral.

Aguirre resaltó  la labor realizada por la Corte Suprema de Justicia junto a otras organizaciones en la tramitación  de la iniciativa por parte de la Asamblea Legislativa,

Después de  aprobarse la reforma recalcó se debe trabajar en la implementación de la ley, donde destaca la defensa laboral gratuita lo que obliga a tomar las medidas necesaria para asegurar su aplicación.

La reforma crea los tribunales unipersonales  lo cual expresó el magistrado Aguirre  permite la distribución del personal de forma racional por lo que no implicará un aumento en el número de funcionarios.

El mayor reto de la Corte Suprema de Justicia reconoció el magistrado es la implementación de la asistencia letrada gratuita  por la cantidad de defensores que se requerirán para  efectuar esa labor.

La comisión de nombramientos deberá presentar un informe al Plenario Legislativo sobre la solicitud de reelección planteada por el magistrado Orlando Aguirre. Será precisamente el Plenario Legislativo quien tome la decisión final sobre dicha petición.

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