Vera V. Solano Salazar, Departamento de Relaciones Publicas, Prensa y Protocolo
Asamblea Legislativa
27 de noviembre del 2012
El Plenario Legislativo aprobó con 29 votos en primer debate el presupuesto ordinario del próximo año expediente 18554 el cual ronda los 6,4 billones de colones y se financiará un 57 % con ingresos frescos y el 43 % restante con deuda.
De los 6,4 billones de colones de que se compone el presupuesto; un tercio es para servicio de la deuda lo que representa más de dos billones mientras que el gasto social ronda los 4 billones.
Los recursos destinados al gasto social representan un 47% como lo son la educación, protección social, salud, vivienda, entre otros, lo cual constituye el rubro al que más dineros se destinan.
El presupuesto de 2013 crece un 7,7 % en comparación con 2012, pero Ayales subrayó que este aumento es menor al registrado en los dos presupuestos anteriores cuando fue del 13,7 % y 9,1 %, en 2011 y 2012, respectivamente.
El Ministerio de Educación recibirá unos 3.479 millones de dólares, un 9,3 % más que los 3.181 millones del año pasado, mientras en seguridad se incrementará el gasto en un 15,1 % al pasar de 350,4 millones de dólares a 403,5 millones
Por su parte, el Poder Judicial recibirá 628,8 millones de dólares, lo que supone un incremento del 7,9 % en comparación con los 582,7 millones de 2012, mientras el presupuesto del Poder Legislativo subirá un 5,8 % al pasar de 56,9 millones de dólares a 60,2 millones entre ambos periodos.
Durante la discusión generada esta tarde legisladores de oposición se refirieron a la declaratoria de inconstitucionalidad por parte de la Sala Constitucional de la partida presupuestaria por 3600 millones de colones destinada a las municipalidades del país
Los magistrados emitieron la resolución ante una consulta de legisladores de varias fracciones de oposición cuestionando la decisión de que los recursos se distribuyan mediante un Decreto Ejecutivo elaborado por el Ministerio de Hacienda, para el fortalecimiento del Régimen Municipal, sin detallar su destino.
Según la partida los recursos serán destinados a obras y servicios públicos municipales con el fin de promover, administrar y atender los intereses de la colectividad y así lograr una mayor eficacia y eficiencia en la prestación de los servicios y la ejecución de obras en el respectivo cantón.
La Sala Constitucional consideró que lo consultado viola el principio de especialidad presupuestaria. Este principio es el que vincula al legislador a señalar, en forma concreta, cuál es el destino de una partida presupuestaria. Según los magistrados no puede ser general ni global, como sucede en este caso.
La jefa de fracción de Acción Ciudadana Yolanda Acuña Castro presentó una moción para que el Plenario se convirtiera en comisión general para enmendar el error pero no contó con los votos necesarios para aprobarla.
El congresista del Frente Amplio José María Villalta Florez-Estrada respaldó la moción asegurando que la aprobación del presupuesto con esa partida permite que cualquier ciudadano presente una acción cuestionándola, por lo que no se podría ejecutar.
La presidenta de la Comisión Permanente de Asuntos Hacendarios, Alicia Fournier Vargas resaltó que no había opción de cambiar el presupuesto, pues el voto de la Sala no había llegado oficialmente al Directorio Legislativo y hoy vencía el plazo para la votación del proyecto en primer debate, según lo establece la Constitución Política.
La liberacionista además refutó las aseveraciones del legislador José María Villalta Florez-Estrada de que las municipalidades se verían afectadas ante una presentación de una acción de inconstitucionalidad una vez aprobada.
Por mandato constitucional el próximo jueves el Plenario deberá votar en su segundo y último debate el presupuesto.
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