Editor – Página 121

Regulador deberá explicar ante diputados incremento salarial

Esteban Rojas Sáurez, Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo
Asamblea Legislativa

19 de junio del 2014 – Los diputados que conforman la Comisión Permanente Especial de Control de Ingreso y Gasto Público llamaron a comparecer al Regulador General de la República, Dennis Meléndez y Reguladora Adjunta Grettel López para que se refieran al incremento de salario aprobado en la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP).

Tanto Meléndez como López recibirán un aumento de un millón de colones en su salario, retroactivo al mes de enero, mientras que para los intendentes de la entidad el alza es de 500 mil colones.

Finalizan audiencias por problemas de pago a educadores

Esteban Rojas Sáurez, Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo
Asamblea Legislativa

19 de junio del 2014 – Los legisladores de la Comisión Permanente Especial de Control de Ingreso y Gasto Público finalizaron el proceso de audiencias sobre la investigación por los problemas de pago a los educadores.

Tanto la Tesorera Nacional, Marta Cubillo, con el Director de Informática, Alberto Orozco y la Directora de Recursos Humanos del Ministerio de Educación Pública, Yaxinia Díaz, defendieron la puesta en ejecución del programa de pagos Integra2.

Orozco explicó que el momento en que se puso en operación Integra 2, el sistema estaba listo y se le habían realizado las pruebas necesarias. “Se hicieron corridas paralelas”.

Mientras que un informe preliminar de auditoría, presentado ante los legisladores por la Ministra de Educación Sonia Marta Mora, revelo que: “uno de los riesgos fue que se corrió fue salir a producción sin haber finalizado las pruebas de planilla con la Tesorería Nacional”.

Según el documento cuando llego la fecha de pago de la primera quincena de abril, se presentan “reiteradas alusiones a que no se ha podido hacer la prueba con Tesorería”. El Departamento de pagos del MEP generó la primera planilla y la envió a Tesorería, lo que generó problemas por la falta de pruebas.

Orozco dijo estar en desacuerdo con el informe debido a que “se hicieron 1600 escenarios de prueba, se corrieron seis en paralelo y nueve migraciones de datos”.

Tanto para los funcionarios del MEP como para la Tesorera Nacional la nueva modalidad de pago del Ministerio ha generado que no se realicen pagos de más dentro de la institución, como se daban con el sistema SIGRH anterior, donde la suma alcanzó los ¢1.168.875.771 ejecutados de más y se han logrado recuperar poco más de 222 millones.

La Tesorera Nacional, Marta Cubillo dijo que el sistema Integra2 frena los eventuales pagos de más.

Explico que con el sistema Integra se le realiza el pago a los funcionarios de 32 instituciones desde el 2003, donde está el módulo de pago de tesorería, e indicó que con estos sistemas se frenó los montos pagados de más.

Turismo perdió 30 mil empleos directos en los últimos años

Armando Alonso González, Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo
Asamblea Legislativa

19 de junio del 2014 – Según datos de la Asociación para la Protección del Turismo (PROTUR), el sector turismo en nuestro país, ha perdido más de 30 mil empleos directos y alrededor de 200 mil indirectos, debido a la crisis que se generó en ese sector en el año 2008.

Boris Marcheiani de PROTUR señaló que en el año 2008 se hablaba de 125 mil empleos directos en el sector turístico, en el año 2009 había 115 mil según la Cámara Nacional de Turismo (CANATUR), en el año 2013 había 115 mil, según el observatorio de mipymes, lo que equivale a más de 30 mil empleos perdidos en el sector.

“La mayoría de los hoteles nuevos grandes, se tragan no solo los clientes a precios más baratos sino se tragan también la transportación, los tours, los restaurantes y se tragan toda la cadena, y destruyen el emprendedurismo costarricenses que los mipymes lograron mantener”, explicó el empresario.

En este mismo sentido añadió que esos datos que presentó anteriormente, afectan cerca de 200 mil trabajadores y sus familiares, que han dejado de trabajar en este sector turístico.

“Sabemos que este error comienza porque el Instituto Costarricense de Turismo emite y publica desde su inicio cifras erróneas, desde hace como ocho años o más, que induce a la banca costarricense a financiar nuevos proyectos turísticos con inversión nacional, con base a una demanda no existente. En muchos de estos casos el ICT otorga la declaratoria turística a estos proyectos que se sustentan en informaciones falsa, estando conscientes de que visitación era muy inferior”, explicó.

Otros de los problemas que afecta al sector, según dijo, es que el sistema bancario limita actualmente el otorgamiento de créditos, a una excesiva oferta de habitaciones, la competencia desleal, otros costos normales de hotelería incluyendo la caja de sus empleados, y la falta de representación en la Junta Directiva del ICT.

“Ausencia de liderazgo y políticas públicas en el ICT, esto es un proceso muy lento que se acumuló desde hace diez años atrás, esto no es nuevo. Los problemas, no se conoce con precisión, el número de empresas turísticas hoteleras o de transporte, que se encuentran actualmente en problemas financieros graves. Sabemos que para el 2011 se presentó al Banco Centroamericano un monto de 85 millones de dólares de operaciones de créditos con problemas financieros graves de los cuales algunos ya han sido rematados a montos inferiores a un 50 por ciento del valor de la deuda”, añadió Boris Marcheiani.

Costa Rica debe mejorar regulación de seguridad privada

Juan Pablo Estrada Gómez, Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo
Asamblea Legislativa

19 de junio del 2014 – Elbert González Ramírez, Director de la Dirección de Servicios de Seguridad del Ministerio de Seguridad Pública pidió a los diputados de la Comisión Permanente de Seguridad y Narcotráfico aprobar el expediente N.° 17939 que busca mejorar la regulación de las 1229 empresas del sector.

Señaló que desde el 2004 se dio un incremento en el permiso de portación de armas para las empresas privadas y que cerca del 70% son administradas por ex policías.

González Ramírez señalo que muchos casos los agentes de seguridad privada no están autorizados para la portación de armas de fuego y algunos cuentan con antecedentes judiciales lo que pone en riesgo a la población.

Indicó que algunas empresas deben más de mil 200 millones de colones a la Caja Costarricense del Seguro Social y no se puede sancionar a dichas empresas por falta de claridad en la Ley.

“Algunas empresas de seguridad privada en algunos casos son la caja chica de los delincuentes para comprar armas”, acotó el Director de la Dirección de Servicios de Seguridad Privada.

Igualmente pidió a los legisladores apoyar que se realice un control cruzado con la Dirección de Adunas para conocer quiénes y de dónde se importan las armas que ingresan al país.

También pidió escuchar el criterio de las autoridades de Seguridad Pública, Organismo de Investigación Judicial y del Ministerio Público.

Mencionó el director con preocupación que en la ley actual no se permite el decomiso de las armas a las empresas que han perdido su licencia de funcionamiento.

Otra de las preocupaciones expuestas radica en que existen 27 empresas que tienen laborando a menos de 50 empleados y tienen registradas más de 800 armas.

El diputado de Liberación Nacional, Antonio Álvarez Desanti sostuvo que la legislación actual ya faculta realizar muchas acciones y que lo que falta es mayor voluntad para hacerla cumplir eficientemente.

Por su parte el diputado del Partido Acción Ciudadana, Marco Vinicio Redondo Quirós cuestionó amparado en un informe de la Contraloría General el mal funcionamiento de la dirección.

Magistrado Jiménez se opone a reforma a Código Contencioso Administrativo

Area Audiovisual. Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo
Asamblea Legislativa

18 de junio del 2014 – La Comisión Plena Segunda recibió en audiencia y en sesión de trabajo al magistrado Manrique Jiménez del Poder Judicial quien mostró su oposición al proyecto que reforma al Código Procesal Contencioso Administrativo.

Comisión de Nombramientos recibió a candidata para Defensor Adjunto

Armando Alonso González, Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo
Asamblea Legislativa

18 de junio del 2014 – Los miembros de la Comisión Permanente Especial de Nombramientos recibieron a Abril Gordienko López, la última candidata que aspira a ocupar el cargo de Defensora Adjunta de los Habitantes.

La compareciente manifestó que es importante fortalecer a las familias ya que en su criterio el Estado las ha abandonado. De acuerdo con Gordienko López, la promoción de las familias previene violencia, desintegración, pobreza y otras series de patologías sociales.

Por otro lado, mencionó que la defensoría tiene seis oficinas regionales que trabajan exitosamente y es importante ampliar esta capacidad regional.

«De hecho gran cantidad de las solicitudes de intervención se reciben en las oficinas regionales y la gran mayoría de ellas las están atendiendo ahí, lo cual quiere decir que ese modelo ha sido exitoso y me gustaría mucho poder trabajar en desarrollarlo aún más», puntualizó.

La compareciente consideró importante que el Estado recupere la credibilidad por parte de los ciudadanos y la Defensoría ha trabajado de manera importante en reconstruirla a pesar de que es el ente fiscalizador.

«Lo ha hecho de una manera eficiente, transparente y ha contribuido a reconstruir esa credibilidad, pero también ha abierto los espacios de conciliación y mediación institucional, hay muchas instituciones en este país que están como desconectadas», comentó.

Gordienko López señaló que tiene dos años de estar trabajando en una iniciativa ciudadana para promover reformas al modelo electoral costarricense y también para promover un acercamiento entre los legisladores y los ciudadanos, así como en otra iniciativa de origen cívico para promover la transparencia y todo lo que tiene que ver con el Gobierno abierto.

Empresarios no podrán rebajar «marcas» a conductores de bus

Armando Alonso González, Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo
Asamblea Legislativa

18 de junio del 2014 – Los diputados que integran la Comisión Permanente de Asuntos Jurídicos, dictaminaron en forma positiva el expediente 18416 Adición de un inciso f) al artículo 17 de la Ley reguladora de transporte remunerado de personas en vehículos automotores.

La iniciativa establece pretende reformar la Ley Reguladora del Transporte Remunerado de Personas para incluir dentro de las obligaciones de los empresarios que prestan el servicio de transporte público en modalidad autobús la prohibición de rebajar automáticamente los salarios de los choferes que laboran bajo su cargo, imputándoles las marcas realizadas por las personas usuarias en las barras electrónicas y otros mecanismos dispuestos para controlar el ingreso de pasajeros.

En las empresas de buses que operan en nuestro país se ha generalizado esta práctica que lesiona los derechos de los trabajadores de este servicio. Las empresas proceden a rebajar de forma automática de los salarios de los choferes las marcas de más efectuadas por los pasajeros en contadores y barras electrónicas, sin importar si estas son atribuibles o no a los conductores. Por el contrario, estos trabajadores deben soportar, en perjuicio de su salario, las consecuencias de esta acción de terceros, aunque ellos no hayan tenido culpa alguna en dicha situación.

Los contadores o barras electrónicas son instalados en los autobuses por los empresarios con el objetivo de controlar el ingreso de pasajeros y el pago del servicio por las personas usuarias. Sin embargo, existen múltiples factores que hacen que se produzcan marcas adicionales, aunque los conductores no incumplan ninguna de sus obligaciones.

El diputado Edgardo Araya manifestó que con este proyecto “se establece un acto de justicia para reivindicar los derechos que son atropellados un día sí y otro también, por parte de los empresarios del transporte o de algunos”.

“Lo cierto del caso es que este proyecto de ley que básicamente lo que hace es agregarle un inciso f) al artículo 17 de la Ley reguladora del transporte remunerado de personas, para que se diga que son obligaciones del empresario de transporte remunerado de personas, respetar los derechos laborales de los conductores que laboran bajo su cargo en particular se les prohíbe rebajar automáticamente los salarios de dichos trabajadores, mediante la imputación de las marcas realizadas en barras electrónicas para controlar el ingreso de pasajeros sin la realización de un debido proceso”, explico Araya.

Por su parte Antonio Álvarez Desanti, señaló que es un proyecto que hace justicia, independientemente que la jurisprudencia hace justicia, de manera que es necesario que quede en la legislación y no que únicamente dependa de la decisión de los jueces y de la jurisprudencia de la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia.

José Alberto Alfaro Jiménez dijo que le queda una duda, porque este tema ha sido objeto de discusiones a nivel empresarial, en la cual también existen trabajadores inescrupulosos y sería un mecanismo que le permitiría a un trabajador también cometer alguna irregularidad en cuanto a los recursos de esas marcas de los pasajes de buses.

MEIC propone nuevo texto a ley de defensa del consumidor

Esteban Rojas Sáurez, Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo
Asamblea Legislativa

18 de junio del 2014 – El Ministro de Economía Industria y Comercio (MEIC), Jesús Welmer Ramos González, solicitó tiempo a los diputado que conforman la Comisión Permanente de Asuntos Económicos para presentar un nuevo texto relacionado al expediente 17348, Reforma Integral a la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor, Ley Nº 7472.

El jerarca explicó que la iniciativa que se discute en una subcomisión presenta deficiencias que pueden ser solventadas con un nuevo texto que recoja las inquietudes planteadas por diversos sectores y se presente una reforma más integral sin desmejorar los logros ya alcanzados en el tema de promoción de la competencia.

Dentro de las modificaciones que plantean los funcionarios del MEIC están las mejoras en el sistema de defensa del consumidor que ayude a los ciudadanos a determinar dónde deben poner una denuncia o realizar un reclamo.

Además, plantean fortalecer las organizaciones de consumidores para darles mayor representatividad y regular el tema de defensa colectiva del consumidor.

En la actualidad el sistema de defensa del consumidor tiene grandes falencias puesto que no es expedito en cuanto a la resolución de los casos y el trámite es engorroso. Esto genera «costos muy altos tanto para el MEIC como para el consumidor», dijo el ministro.

Ramos indicó que el texto que analiza la Comisión “tuvo problemas de entendimiento” entre el MEIC, los sectores productivos y las organizaciones de consumidores. El texto ya había sido aprobado en la legislatura anterior por una subcomisión sin haber finalizado el proceso de discusión dentro del Ministerio.

El Ministro fue claro en que buscarán los puntos de encuentro con los diferentes sectores y cámaras.

Comisión de nombramientos recibe a candidatos a Defensor Adjunto

Armando Alonso González, Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo
Asamblea Legislativa

17 de junio del 2014 – Los diputados de la Comisión Permanente Especial de Nombramientos recibieron a Luis Gerardo Fallas Acosta y Carlos Góngora Fuentes. Ambos aspiran a ocupar el puesto como Defensor Adjunto de los Habitantes y manifestaron las ideas que pretenden implementar en ese órgano adscrito a la Asamblea Legislativa.

El primero que hizo uso de la palabra fue Luis Gerardo Fallas, quien manifestó su anuencia a volver al puesto ya que junto con la Defensora de los Habitantes, inició un proceso hace cuatro años el cual quiere terminar y es levantar a la institución, reorganizarla como un órgano administrativo y darle mayor fuerza a la que hoy en día tiene.

«Pasamos de 19 mil denuncias en el año 2010 a un cierre de 30 mil, se duplicaron las denuncias que lleva la institución con la misma gente, pero levantando la credibilidad de la institución a partir de un mejoramiento de nuestra estructura interna y la capacidad de responder», dijo el compareciente.

Por otro lado señaló que cree importante que la entidad tiene que vigorizar el sistema de regularización, fortaleciendo la relación con la Asamblea Legislativa ya que hay muchos temas de insumos para ellos que el Congreso maneja, al igual que hay información que tiene la Defensoría de los Habitantes que los legisladores deben de manejar, por ejemplo el tema de Limón Ciudad Puerto.

«Creemos en el fortalecimiento de las relaciones del régimen municipal y por último lo que hemos denominado un sistema de diálogo social y gobernabilidad democrática, esto implica establecer un mapeo de la demanda social a partir de fuentes abiertas», puntualizó.

Por su parte, Carlos Góngora Fuentes, señaló que es necesario supervisar la creación, funcionamiento y actualización del centro de documentación e información y a la vez promover una cultura resolutiva y alternativa de conflictos.

Agregó que entre sus proyectos está impulsar una oficina de comunicación y enlace entre la Asamblea Legislativa y la Defensoría, ya que según dijo, siendo Presidente de la Comisión de Seguridad y Narcotráfico se tuvo una buena experiencia cuando se tramitó el proyecto del Sistema contra la tortura donde se trabajó conjuntamente con la Defensoría de los Habitantes.

Así mismo dijo que los diferentes proyectos de ley que firmó con compañeros de diferentes bancadas y que promovió significan una carta de presentación para solicitarles a los diputados que tomen en consideración su nombre y poder ocupar un ejercicio efectivo eficiente en la Defensoría Adjunta.

Morosidad afecta al 40 por ciento de las municipalidades

Esteban Rojas Sáurez, Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo
Asamblea Legislativa

17 de junio del 2014 – Datos de la Contraloría General de la República revelan que el 40 por ciento de los municipios del país enfrentan dificultades por los altos índices de morosidad, que sumado al endeudamiento y déficit, frenan la inversión de obras y la ejecución de proyectos.

Ante la Comisión Permanente Especial de Asuntos Municipales y Desarrollo Local Participativo, la Contralora Marta Acosta señaló que uno de los principales problemas que deben enfrentar las municipalidades es el déficit. Durante el 2012, treinta y dos municipios presentaron esta falla en la gestión, mientras que en el 2013 fueron veintidos y diez presentan déficit recurrente.

“Las municipalidades han apelado a financiar su déficit utilizando recursos del superávit específico o recurriendo al financiamiento bancario, por medio de la modalidad de sobre giro en las cuentas corriente”, indicó Acosta.

Acosta apuntó que uno de los disparadores del gasto dentro del régimen municipal es el tema de los salarios.

“Las remuneraciones, específicamente los pluses salariales, probablemente conocen el tema de la estructura salarial de la Unión Nacional de Gobiernos Locales, que era una propuestas, pero muchas la acogieron sin analizar las consecuencias financieras a mediano y largo plazo”, dijo la Contralora.

Acosta comentó que ya en los meses de agosto, setiembre y octubre habían recibido consulta de la preocupación de algunos municipios porque la partida de remuneraciones no les alcanzaba para pagar los aguinaldos debido a los ajustes en la escala salarial.

También señaló debilidades en cuanto a la administración de los acueductos por parte de los gobiernos locales. En la actualidad 28 municipalidades a lo largo del país administran acueductos y abastecen el líquido a 740 mil personas.

La administración de los acueductos generó a los 28 municipios, en el 2012 y el 2013, 25.600 millones de colones.

Para poder explotar las fuentes de agua, las municipalidades deben contar con el visto bueno del Ministerio de Ambiente y Energía, donde se define el caudal máximo que cada concesionario puede explotar.

Según la Contralora, de las 368 fuentes de abastecimiento, hay 255 donde no se mide la cantidad de agua que está siendo extraída, mientras que en las 113 restantes no se realizan mediciones continuas.

El ente contralor le recomienda a los municipios “establecer los mecanismos para medir el agua de manera oportuna” para poder establecer cuánto es el recurso que se está explotando y el que está llegando a los usuarios finales. Además cuantificar la cantidad de líquido que se podría estar perdiendo por fugas.

En cantones como Turrialba, Alvarado y León Cortés la facturación que utilizan es por medio de una tarifa fija lo que impide que se tenga una cuantificación del consumo.