Legislación – Página 110

Industria gráfica se opone a la apertura comercial de la Imprenta Nacional

Esteban Rojas Sáurez, Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo
Asamblea Legislativa

13 de agosto del 2014 – El Presidente de la Asociación de la Industria Gráfica de Costa Rica, William Vindas Parajeles, mostró su oposición por la discusión del expediente 18821, Ley de Fortalecimiento de la Imprenta Nacional, que analizan los diputados de la Comisión Permanente de Gobierno y Administración.

Este proyecto pretende que la Imprenta Nacional se convierta en una institución semiautónoma del Estado, para lo que gozaría de autonomía patrimonial, financiera y presupuestaria e independencia funcional y administrativa. Además plantea que la entidad sea administrada por una Junta Directiva y una Gerencia General.

Actualmente, la Imprenta Nacional es un órgano adscrito al Ministerio de Gobernación y Policía, cuenta con desconcentración máxima y personería jurídica instrumental, donde los bienes y servicios de la misma son administrados por la Junta Administrativa de la Imprenta Nacional.

Vindas Parajeles, afirmó que están en contra del artículo 3 del proyecto de ley que señala que, la Imprenta Nacional, será la encargada de realizar las impresiones del material de mayor confiabilidad requerido por el Estado, como los exámenes de bachillerato, entre otros.

También podrá realizar trabajos a instituciones sin fines de lucro y vender todo tipo de servicios a terceros, siempre que dicha actividad no afecte sus actividades esenciales indicadas en los primeros párrafos de este artículo.

El empresario solicitó a los legisladores archivar el proyecto y explicó que en el país existen 965 empresas dedicadas a la industria gráfica, de estas casi el 95 por ciento son pequeñas y medianas empresas, con cerca de 20 trabajadores, que se verían perjudicadas si la Imprenta Nacional entra a competir con el sector privado.

El proyecto señala que es competencia exclusiva de la Imprenta Nacional la publicación de las leyes, decretos, reglamentos, resoluciones, carteles y adjudicaciones de contrataciones públicas, del material electoral requerido por el Tribunal Supremo de Elecciones tanto para procesos de elecciones nacionales, municipales como referéndum, “así como de los demás actos jurídicos que requieran los poderes del Estado”.

Además, la iniciativa plantea que para el sostenimiento y fortalecimiento de la Imprenta Nacional, se establece que al menos el veinticinco por ciento (25%) de los recursos que inviertan en servicios de impresión, durante cada ejercicio económico, el Estado costarricense, las instituciones autónomas y semiautónomas y las empresas públicas, deberán contratarse con la Imprenta Nacional, destaca el proyecto de ley.

Científicos promueven investigación de organismos modificados

Armando Alonso González, Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo
Asamblea Legislativa

13 de agosto del 2014 – Marta Valdez Melara, Catedrática de la Universidad de Costa Rica (UCR), rechazó dar una moratoria nacional a la liberación y cultivo de organismos vivos modificados y más bien pidió que se promueva y fortalezca la investigación básica en este campo y que el país no quede rezagado con relación a otros países del mundo.

La científica compareció junto con Giovanni Garro Monge, Profesor del Instituto Tecnológico de Costa Rica, en la Comisión Permanente de Asuntos Agropecuarios, para externar su posición con relación al expediente 18941 Ley de moratoria nacional a la liberación y cultivo de organismos modificados.

“Consideramos que en el país, más que pedir una moratoria, debe fortalecerse y promoverse la investigación básica en este campo, y no quedarnos rezagados en relación con los otros países en el mundo. El país debe generar sus propios proyectos, que les resuelvan sus necesidades, porque no van a venir las grandes transnacionales a resolverlas, esas son de competencias nuestras”, explicó la compareciente.

En este mismo sentido dijo que con relación al proyecto, no es conveniente para el país, ya que en la iniciativa se incluye que hasta que existe una certeza y consenso científico, y eso es muy complejo ya que por definición la ciencia y los científicos no pueden dar por método científico que algo es cien por ciento seguro.

“Por ejemplo cuando se hace una prueba de paternidad y se demuestra que hay apareo completo, uno no puede decir, es el padre, uno dice que la probabilidad de que no sea el padre es de 1 en mil millones. En este caso es igual, nosotros no podemos ser absolutos e incluso en términos estadísticos se habla de la probabilidad de que la hipótesis no sea cierta es tal, entonces esta certeza y este consenso científico nunca van hacer alcanzados”, explicó.

Sin embargo señaló, que la iniciativa no presentan criterios de tipo científicos, que sustenten declarar una moratoria indefinida para los cultivos transgénicos en todo el territorio, por lo anterior ese proyecto de ley no debe ser aprobado.

Por su parte Giovanni Garro Monge, Profesor del Instituto Tecnológico de Costa Rica, consideró importante que el Estado costarricense impulsar una cultura de manejo de cultivos, promoviendo todas las tecnologías, de acuerdo a cada uno de los sectores y los mercados.

Buscan regular y modernizar el sector postal de Costa Rica

Esteban Rojas Sáurez, Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo
Asamblea Legislativa

12 de agosto del 2014 – Los diputados de la Comisión Permanente de Asuntos Económicos discuten el expediente 17497, proyecto de ley del sector postal de Costa Rica, que tiene el propósito de organizar un sector de la economía nacional, con reglas claras y asegurando a la sociedad el derecho de comunicación, y en general al país poder cumplir con una obligación internacional.

El país forma parte de la Unión Postal Universal (UPU) representada por Correos de Costa Rica S.A., y según la iniciativa para que el estado pueda cumplir con los cometidos adquiridos a nivel internacional “requiere que se le posibilite su modernización, toda vez que no hacerlo significa no cumplir con un derecho de la sociedad, y no explotar el potencial económico de un sector muy dinámico de la economía y de la sociedad”.

El proyecto establece que todos los servicios postales que operen en el país estarán sujetos a los convenios internacionales postales emitidos por la Unión Postal Universal, ratificados por Costa Rica, las disposiciones de esta Ley, las leyes conexas y los reglamentos que se dicten sobre esta materia.

Y se busca fortalecer el marco normativo para el operador designado por el Estado para prestar el Servicio Postal Universal y garantizar la atención de los compromisos internacionales del Estado en materia de servicios postales. Además, se garantizará el derecho de los habitantes a obtener servicios postales.

El representante de Correos de Costa Rica Mauricio Rojas, explicó que se quiere ordenar el sector y que la Superintendencia de Telecomunicaciones (SUTEL), sea el órgano encargado de la regulación del mismo.

Por su parte, la presidente de la Sutel, Maryleana Méndez Jiménez comentó que la entidad cuenta con el personal capacitado para realizar regulación.

Rojas dijo que en la actualidad la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos es el encargado de esta tarea. Afirmó que en el país se manejan 44 millones de envíos al año.

La iniciativa expone que el regulador postal tendrá la competencia exclusiva para conocer de oficio o por denuncia, así como para corregir y sancionar, cuando proceda, las prácticas monopolísticas cometidas por operadores o proveedores que tengan por objeto o efecto limitar, disminuir o eliminar la competencia en el mercado postal.

CONAGEBIO apoya moratoria para organismos vivos modificados

Armando Alonso González, Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo
Asamblea Legislativa

12 de agosto del 2014 – Marta Liliana Jiménez, Directora de la Comisión Nacional de Gestión sobre la Biodiversidad (CONAGEBIO), apoya el proyecto de Ley expediente 18941 Ley de Moratoria Nacional a la Liberación y Cultivo de Organismos Vivos Modificados (Transgénicos), que actualmente se analiza en la Comisión Permanente de Asuntos Agropecuarios.

Jiménez manifestó que CONAGEBIO acordó apoyar el objetivo principal del proyecto y especialmente consideró de suma importancia indicar un plazo de 3 a 4 años para dicha moratoria.

Así mismo señaló que es importante que en este plazo de la moratoria se propicie una discusión nacional sobre la necesidad de crear un marco nacional de bioseguridad, que incluya regulación para todos los tipos de Organismos Vivos Modificados (OVMS) y la estructura administrativa necesaria para que este marco nacional de bioseguridad sea eficaz y llene los vacíos existentes.

Sin embargo, la compareciente hizo algunas observaciones al proyecto, como por ejemplo en el artículo 1, así como los artículos 3 y 5 se interpreta que la declaratoria de moratoria, se realizará para la liberación y cultivo de toda clase OVMS, por lo que recomendó aclarar el alcance de este proyecto, pues con la redacción actual se incluyen además los organismos vivos modificados de uso agrícola, los microorganismos, los árboles y los animales modificados genéticamente.

“Es necesario que quede claro, que el proyecto de ley únicamente se refiere a los organismo vivos modificados de uso agrícola, tal y como se desprende del preámbulo de la iniciativa”, aclaró Jiménez.

Otro punto que habrá que analizar, dijo, es el impacto que la medida puede tener en el financiamiento para realizar investigaciones, el desarrollo de la ciencia y tecnología, que permita identificar los posibles riesgos ambientales de los OVMS y las posibles medidas de mitigación de dicho riesgo.

El proyecto de ley establece declarar una moratoria nacional sobre la liberación y cultivo de organismos vivos modificados. La moratoria será suspendida hasta que exista certeza y consenso científico sobre los diversos riesgos que los organismos vivos modificados implican. La moratoria tendrá efecto sobre todo el territorio de Costa Rica.

Proponen legalizar marihuana Cannabis para uso medicinal en Costa Rica

Pablo Quirós, Emiliano Gamboa, Area Audiovisual. Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo
Asamblea Legislativa

11 de agosto del 2014 – Utilizar la marihuana Cannabis para combatir aquellas enfermedades que se resisten al tratamiento para el dolor, es la propuesta del diputado Marvin Atencio del Partido Acción Ciudadana al presentar el proyecto 19256 “Ley para la investigación, regulación y control de las plantas cannabis y cáñamo para uso medicinal, alimentario e industrial”.

Comisión recomendará terna para Defensor de los Habitantes

Juan Pablo Estrada Gómez, Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo
Asamblea Legislativa

11 de agosto del 2014 – La Comisión de Nombramientos luego de haber recibido en audiencia a 97 postulantes al cargo de Defensor(a) de los Habitantes definió volver a convocar a 5 candidatos el próximo miércoles 13 de agosto a partir de las seis de la tarde para conocer un poco más su planes de llegar a ser electos en dicho cargo

Los seleccionados son: Cristian Campos Méndez, Ericka Hernández Sandoval, Yanis Quesada Chanto, Montserrat Solano Carboni y Ricardo Valverde Gómez.

Según se estableció después de este proceso se procederá a remitir una terna al Plenario Legislativo para que se defina al nuevo (a) Defensor de los Habitantes para un periodo de 4 años.

El Presidente de la Comisión de Nombramientos, Ottón Solis Fallas resaltó el trabajo realizado y el compromiso por emitir una recomendación al Plenario Legislativo.

Instalan Comisión especial investigadora de Guanacaste

Juan Pablo Estrada Gómez, Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo
Asamblea Legislativa

11 de agosto del 2014 – El Presidente de la Asamblea diputado Henry Mora Jiménez procedió a la instalación de la Comisión especial investigadora de Guanacaste la cual será presidida por el diputado socialcristiano Johnny Leiva Badilla y como secretaria se nombró a legisladora de Liberación Nacional Marta Arauz Mora.

Completan este foro legislativo los diputados Ronald Vargas Araya del Frente Amplio, Juan Marín Quirós de Liberación Nacional y Víctor Morales Zapata de Acción Ciudadana.

Diputados señalan deficiencias en uso del presupuesto del 2013

Juan Pablo Estrada Gómez, Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo
Asamblea Legislativa

11 de agosto del 2014 – El Plenario Legislativo inició con el análisis del informe de la liquidación del presupuesto del 2013, que se extenderá hasta el próximo jueves 14 de agosto.

En cumplimiento de lo establecido en los artículos 89 y 194 del Reglamento de la Asamblea Legislativa así como del artículo 181 de la Constitución Política la Comisión Permanente Especial de Control de Ingreso y Gasto Público analizó las recomendaciones de la Contraloría General de la República y pidió no aprobar dicha liquidación.

Según el ente contralor se presentan problemas de registro e incumplimiento de deberes en las instituciones y se incumplen las directrices de que no deben financiarse gastos corrientes con recursos provenientes del endeudamiento público.

Igualmente se establece que no se cumple con la asignación y la ejecución del presupuesto con algunos destinos específicos establecidos en nuestro ordenamiento.

La Contraloría General no avaló el Informe de Resultados Físicos de los programas ejecutados del ejercicio económico 2013, por no incluir, elementos explicativos para medir el costo unitario de los servicios y la eficiencia en el uso de los recursos.

A criterio de la Contraloría todavía persisten debilidades en la planificación de las compras o la ejecución de recursos externos. El Ministerio de Hacienda, en su condición de rector del Sistema de Administración Financiera de la República, y la Dirección General de Presupuesto Nacional, como rector del Subsistema de Presupuesto, debe asumir un rol más efectivo en la solución de estas problemáticas.

Los diputados de la Comisión Permanente Especial de Control de Ingreso y Gasto Público presentaron una serie de recomendaciones a los ministerios de Hacienda y de Planificación Nacional, entre ellas:

Elaborar y presentar a la Asamblea Legislativa un plan para reducir el déficit fiscal y lograr la sostenibilidad de la deuda en el mediano plazo, y contar con reglas fiscales que permitan garantizar la sostenibilidad institucional y fiscal.
Efectuar las acciones administrativas y proponer las reformas normativas que correspondan, para asegurar la sostenibilidad de los sistemas de pensiones.
Efectuar una revisión de los sistemas de empleo público, y llevar a cabo o proponer las reformas que procedan en esta materia.
Elaborar una propuesta conjunta de Proyecto de Ley que ordene el tema de los destinos específicos actuales, considerando la situación de las finanzas públicas y el Estado Social de Derecho.
Elaborar una propuesta de Proyecto de Ley que establezca la integración al Presupuesto de la República de los presupuestos de los Órganos Adscritos, bajo el alero del Ministerio rector.
Remitir para el cierre del ejercicio económico 2014, según lo establecido en los artículos 55 y 56 de la Ley de Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos, un informe con los resultados de la evaluación de la gestión institucional del Sector Público, para garantizar tanto el cumplimiento de objetivos y metas como el uso racional de los recursos público.

El jefe de fracción del Frente Amplio, Gerardo Vargas Varela, presidente de la Comisión de Ingreso y Gasto Público señalo que varios programas no estaban cumpliendo sus objetivos. “Que la Contraloría General no apoyara el informe es una llamada de alerta a las instituciones”, acotó Vargas Varela

La secretaria de la comisión, Epsy Campbell Barr se mostró satisfecha por la presentación del informe unánime. “Este informe habla de una serie de temas abiertos al debate con todos los actores de la sociedad”, señalo la diputa de Acción Ciudadana.

El diputado de Liberación Nacional, Antonio Álvarez Desanti mencionó que se presentan los problemas estructurales del país y esto requiere de un cambio en el manejo de las finanzas públicas.

Fracciones hacen propuestas para reformar reglamento legislativo

Armando Alonso González, Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo
Asamblea Legislativa

11 de agosto del 2014 – Los diputados que integran la Comisión Especial de Reforma al Reglamento Legislativo, dedicaron la sesión para exponer diferentes propuestas y buscar el consenso para reformar el Reglamento de la Asamblea Legislativa.

Las diferentes bancadas hicieron sus propuestas que se basaron entre otros temas, a las avocaciones, registro de voto electrónico, control político para temas específicos, regular el uso de la palabra y presentación de mociones de fondo.

Las enmiendas que fueron expuestas serán recogidas por los asesores, quienes se encargarán de realizar un cuadro comparativo la próxima semana y posteriormente ver cuales tienen consenso entre los miembros y tramitadas en la comisión.

La diputada Emilia Molina Cruz expuso en un documento denominado proyecto de Reforma al Reglamento de la Asamblea Legislativa para la mejora de la gobernabilidad democrática, que pretende básicamente reformar los artículos 107, 135, 137, 138, 152, 154, 155, 156 y 175 de esa norma.

En ese mismo sentido añadió que todas esas reformas tienen que ver con el con establecerles tiempo al uso de la palabra en el Plenario, mociones de fondo que se reduce de cuatro a dos días en la presentación de esas enmiendas, así como las mociones de reiteración y mociones de forma.

Por su parte el diputado Edgardo Araya Sibaja, quien presentó un documento a la comisión con sus observaciones, se basaron en que los proponentes de cada moción podrán hacer uso de la palabra a favor de su iniciativa hasta por un plazo individual o en conjunto no exceda de cinco minutos, así mismo las mociones de revisión se dispondrá de un plazo máximo de diez minutos por parte de quien lo solicita.

Por su parte el diputado Rafael Ortiz Fábrega, señaló que pretende desarrollar y procurar principios como la parte de la representación, el respeto del pluralismo político, la racionabilidad y proporcionalidad, publicidad y transparencia entre otros.

Avaló impulsar el voto electrónico, ya que este tema tiene que ver con la transparencia y constar cuales son los votos que emite cada diputado, así como regular la facultad del uso de la palabra.

El legislador Mario Redondo Poveda consideró importante analizar la viabilidad política y resolver en el corto plazo el tema de las avocaciones y regular debates políticos cada quince días, generar un espacio de tres horas, donde se escoja un tema en concreto y la Asamblea Legislativa se dedique a debatir sobre ese tema en particular.

Finalmente el diputado Otto Guevara Guth, manifestó que es importante cambiar los periodos ordinarios y extraordinarios de tal forma que en el mes de mayo al iniciar legislatura inicie también el periodo de sesiones extraordinarias de seis meses, en el cual el Poder Ejecutivo tiene la iniciativa de ley.

También que en el mes de noviembre iniciaría el periodo de sesiones ordinarias, ya que a criterio de Guevara, este cambio le da posibilidades al Poder Ejecutivo de iniciar el primer año con un agenda donde las prioridades del nuevo Gobierno tenga un espacio libre para su discusión.

Proponen Día Nacional de las Trabajadoras y Trabajadores Bananeros

Esteban Rojas Sáurez, Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo
Asamblea Legislativa

7 de agosto del 2014 – El jefe de fracción del Frente Amplio, Gerardo Vargas Varela, presentó un proyecto de ley para que se declare el día 9 de agosto de 1934 como fecha cívica nacional de celebración obligatoria en todos los centros de educación preescolar, primaria y secundaria del país.

El legislador busca que se celebre el 9 de agosto de cada año como el “Día Nacional de las Trabajadoras y Trabajadores Bananeros”.

Según la iniciativa, el 9 de agosto de 1934 inicia en la región Caribe del país un movimiento de huelga y lucha social de parte de los trabajadores de las plantaciones bananeras para buscar una mejora en las condiciones laborales y de vida.

Vargas Varela explicó que esta huelga jugó un papel fundamental para que el país lograra las grandes reformas sociales. El legislador del Frente Amplio afirmó que el proyecto los impulsa para seguir luchando para mejorar las condiciones laborales de los trabajadores.

Por su parte, Michael Hernández Valverde, Secretario General de la Federación Nacional de Trabajadores de la Agroindustria dijo que se debe reconocer las luchas del movimiento sindical.

El proyecto expone que en 1880 se exportaron 110.801 racimos y en 1913 se llega al punto máximo de 11.117.833 racimos de banano. La producción en el Caribe comienza a decaer a partir del año 1917 y se da de manera sostenida hasta alcanzar un mínimo de 2.908.836 racimos en el año 1935.

En el 2012 Costa Rica exportó 107 millones de cajas de banano con un peso de 18.14 kilos cada una.